¿Cómo será el examen de idoneidad que preparan desde la Rosada para los empleados estatales?
El gobierno de Javier Milei avanza con un examen obligatorio para evaluar a 40,000 empleados públicos cuyos contratos vencen a fin de año. La prueba, que forma parte del Sistema de Evaluación Pública (SEP), medirá comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimientos administrativos. Comenzará en diciembre y será un requisito para renovar los contratos.
El Gobierno avanza con la implementación de un examen de “idoneidad” destinado a unos 40.000 trabajadores estatales con contratos próximos a vencerse. La prueba forma parte del nuevo Sistema de Evaluación Pública (SEP), diseñado para medir competencias básicas y específicas en comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.
Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, esta Evaluación General de Conocimientos será obligatoria para empleados contratados y de planta transitoria que deseen continuar en la Administración Pública Nacional (APN).
"Buscamos racionalizar el Estado y garantizar estándares mínimos de desempeño en la función pública", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien además aseguró que la medida se enmarca en las facultades que otorga la Ley Bases al Ejecutivo.
La primera fase del proceso comenzará en diciembre en jurisdicciones y entidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), evaluando a unos 2.000 empleados por día. En 2025, la segunda fase se extenderá al resto de las provincias. La Universidad de Buenos Aires (UBA) será la encargada de coordinar técnicamente el proceso.
Para participar, los trabajadores deberán registrarse en la plataforma del SEP, donde obtendrán un turno personalizado. Los aspirantes recibirán un correo con la fecha, hora y lugar del examen, junto con indicaciones sobre qué materiales podrán utilizar, como lapiceras, calculadoras y DNI.
El examen se dividirá en tres tipos de evaluaciones según las áreas de desempeño: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada una tendrá preguntas específicas, y en el caso de los profesionales se incluirá un módulo extra sobre administración pública, con contenidos como normativas y procedimientos estatales.
En comprensión lectora, se buscará determinar si el aspirante puede identificar ideas principales, deducir conclusiones y reconocer la intención comunicativa de textos breves. Las preguntas podrían incluir ejercicios como determinar el propósito de un texto o la relación entre párrafos.
Para el razonamiento lógico matemático, las pruebas incluirán operaciones básicas, secuencias numéricas, resolución de problemas cotidianos y porcentajes. El objetivo será evaluar capacidades prácticas y aplicables.
Mientras el Ejecutivo defiende el examen como un mecanismo de modernización y profesionalización de la administración pública, gremios y sectores opositores alertan sobre el impacto en la estabilidad laboral. Los despidos estatales ya superan las 31.000 bajas desde el inicio de la gestión de Milei, un contexto que agrava la incertidumbre para muchos trabajadores.
“Esto no es un recorte masivo disfrazado de evaluación. Es un paso hacia un Estado más eficiente y transparente”, aseguró Adorni. Sin embargo, desde sectores sindicales insisten en que se trata de una maniobra para desregularizar aún más el empleo público.
El examen también incluirá un manual oficial, cuya publicación se espera en los próximos días, y será clave para quienes se preparen para la prueba. Según fuentes del Gobierno, los resultados de esta primera etapa definirán la viabilidad del SEP como herramienta para medir competencias y estructurar futuros procesos de contratación.
Con las evaluaciones arrancando en diciembre, todas las miradas estarán puestas en cómo esta iniciativa impactará en la dinámica laboral del sector público y en las expectativas de los trabajadores que enfrentan el desafío de renovar su lugar en el Estado.