El Ministerio de Justicia, comandado por Mariano Cúneo Libarona, avanzó con una nueva maniobra que pone en riesgo el funcionamiento de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). A través de una resolución firmada por el subsecretario de Gestión Administrativa, Juan Cruz Montero, el Gobierno congeló las transferencias de dinero al Ente Espacio para la Memoria, lo que afecta de manera directa a los 180 trabajadores del predio y paraliza sus actividades.

El argumento oficial es la realización de una auditoría contable y jurídica solicitada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, un ex juez de estrecha relación con Cúneo Libarona. La medida, que entró en vigor el 1 de abril, suspende los fondos durante 60 días, pese a que los salarios y gastos operativos están garantizados por la ley 26.415, sancionada en 2007. Según denuncian desde el Ente Espacio para la Memoria, se trata de una maniobra para vaciar el sitio y restringir sus actividades.

El impacto del bloqueo financiero es inmediato. La falta de fondos impide el pago de sueldos, así como la preservación del espacio, el mantenimiento de los edificios y la realización de visitas guiadas y actividades educativas. Además, el congelamiento afecta la seguridad del predio, donde funcionan organismos como el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que nuclea a gran parte del personal, advirtieron que la medida es ilegal y que tomarán medidas para garantizar los salarios. "Es una maniobra arbitraria del Gobierno para desfinanciar el sitio de memoria más emblemático del país", denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El sindicato envió una carta documento exigiendo el pago inmediato de los sueldos y convocó a un paro con guardias mínimas hasta obtener respuestas.

X de Rodolfo Aguiar

El contexto político tampoco pasa desapercibido. La orden de congelar los fondos llegó dos días después de la masiva marcha del 24 de marzo, en la que miles de personas repudiaron las políticas del Gobierno en materia de derechos humanos. La decisión de bloquear el dinero se firmó el 26 de marzo, y desde entonces, el Ejecutivo evitó todo diálogo con los trabajadores. Baños, señalado como el principal impulsor de la medida, se negó a recibir al gremio y a los empleados afectados.

El conflicto ahora podría trasladarse a la Justicia. Desde ATE ya presentaron un amparo judicial para garantizar los pagos y no descartan una denuncia penal contra los funcionarios responsables de la medida. La preocupación también crece entre los organismos de derechos humanos, que ven en esta maniobra un intento por desmantelar la política de Memoria, Verdad y Justicia.

El predio de la ex ESMA, recuperado en 2004 tras años de resistencia, es hoy un sitio protegido por la UNESCO. En 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio Mundial, lo que le otorga un estatus de preservación especial. Pese a esto, el Gobierno avanza con medidas que ponen en riesgo su continuidad y generan incertidumbre sobre el futuro de uno de los principales espacios de memoria del país.