Un hombre de 63 años fue detenido como el principal sospechoso de concretar amenazas de bomba en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, visitó en agosto pasado la ciudad santafesina.

El detenido fue imputado por el delito de intimidación pública y se le dictó la prisión preventiva domiciliaria.

El hecho se originó con un llamado telefónico efectuado el 23 de agosto pasado a la central de emergencias 911, en el que se daba cuenta de la supuesta colocación de elementos explosivos en el aeropuerto internacional de Rosario y en edificios linderos a la Bolsa de Comercio donde más tarde el presidente Milei daría un discurso.

“Buenas tardes, quiero advertir que han colocado elementos explosivos en el aeropuerto y en edificios adyacentes a la Bolsa de Comercio, no es una broma, es muy en serio esto, buenas tardes”, fue la amenaza textual. 

En base a los datos obtenidos, se pudo determinar el número de IMEI que identifica el dispositivo telefónico, y georreferenciarlo. Según esos informes, la llamada se realizó desde un teléfono Nokia, modelo 111, del año 2012.

Tras el entrecruzamiento de datos e informes, el 2 de octubre se allanaron tres domicilios, en uno de los cuales en la zona oeste de Rosario se detuvo a un hombre identificado como Adolfo Gustavo G., de 63 años, vinculado a la llamada intimidante.

El sospechoso cuenta con antecedentes en el fuero penal provincial por amenazas coactivas (tres hechos), intimidación pública y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, por lo que fue condenado en julio de 2018 a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscalía sostuvo como fundamento que el hecho provocó la actuación y desplazamiento de diversas fuerzas de seguridad, las que evacuaron e inspeccionaron los edificios señalados en procura de elementos explosivos y, adquirió especial significación y trascendencia en razón de la visita presidencial prevista. 

En la misma audiencia, en virtud de la gravedad del hecho y los riesgos procesales, las representantes del MPF solicitaron la prisión preventiva del imputado. El juez Vera Barros hizo lugar al encuadre legal, avaló la formalización de la investigación y dispuso la prisión preventiva domiciliaria.