Denuncia y ruido interno: qué dice la presentación judicial contra los diputados que visitaron represores
El encuentro con los condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza sigue generando repercusiones. Benedit Beltrán desató un interna explosiva al interior de la bancada de La Libertad Avanza.
La visita que la semana pasada encabezó el diputado nacional de La Libertad Avanza Beltrán Benedit, junto a otros cinco diputados de subloque, a represores condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidos en Ezeiza, sigue generando reacciones.
Este viernes, el vocero Manuel Adorni sostuvo que esa visita fue iniciativa de los legisladores libertario, en un intento por despegar al Poder Ejecutivo del escándalo que se generó tras el encuentro con los represores.
“Con respecto al tema de los diputados, efectivamente es una agenda personal de los diputados, además de que por supuesto ni representan la totalidad del bloque ni pertenecen al Poder Ejecutivo, es parte del Poder Legislativo”, alegó el portavoz. El propio Javier Milei se diferenció del viaje al penal de Ezeiza.
El tema sigue generando ruidos en el Congreso, donde el bloque de Unión por la Patria presentó el jueves un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión especial que "determine responsabilidades" y proponga "medidas ejemplificadoras" contra los diputados libertarios.
“La concreción de este tipo de conductas no debe pasar desapercibida y debemos actuar ante cualquier intento de propiciar la impunidad de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar”, señalaron en los fundamentos.
A su vez, varios referentes de los bloques dialoguistas, entre ellos el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica le transmitieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su malestar por el hecho de que haya sucedido un episodio de esas características, utilizando recursos del cuerpo, como el vehículo en el cual se trasladaron.
Pero además, el tema parece meterse en la interna del propio bloque libertario. El puntano Carlos D'alesandro se mostró de acuerdo con que la comisión para investigar la visita avance e incluso, miembros de la comitiva dicen haber viajado engañados y tensionan bajo a amenaza de romper el bloque oficialista.
¿Qué dice la denuncia penal?
Ya en el ámbito judicial, la Comisión por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
El organismo recordó que luego de esa visita, Benedit realizó una serie de declaraciones, que se hicieron públicas a través de redes sociales, en las que llamó a los represores “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista” e intentó negar los crímenes cometidos.
La CPM consideró en su denuncias que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de “apología del crimen” y deben investigarse en el ámbito judicial “pues son una afrenta a la democracia”
Benedit, junto sus colegas de bancada Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro, se reunieron con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Raúl Guglielminetti, Carlos Suarez Mason, Gerardo Arraez, Honorio Martinez Ruiz, Agustin Oyarzabal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Muguel Angel Britos, Adolfo Donda y Antonio Pernias entre otros condenados por crímenes de lesa humanidad.
“Como todas estas manifestaciones fueron realizadas de manera pública en una red social de alcance masivo, la CPM considera en su presentación judicial que existió un interés del diputado para que sus ideas fueran difundidas ampliamente y conocidas por la mayor cantidad posible de personas. Es decir que hubo una clara intencionalidad para que este posicionamiento político ideológico que defiende a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad tuviera consecuencias sociales”, dijo el organismo.
La CPM sostuvo que estas expresiones públicas son constitutivas del delito de “apología del crimen” y así deben investigarse y juzgarse, ya que el Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público (o cualquier persona) incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afectan a la sociedad toda.