Organismos de Derechos Humanos iniciaron en las últimas horas una ofensiva judicial contra los cinco legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, que se suman a los repudios y pedidos de sanciones para estos legisladores que fueron formularon desde espacios políticos opositores en la Cámara baja.     

El pasado 11 de julio, los Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro (uno de los dirigentes que estuvo muchos años cercano a Villarruel) y María Fernanda Araujo.

En la reunión estuvieron presentes otros represores del centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA y exagentes de inteligencia, todos sentenciados por delitos como secuestros, asesinatos y robos de bebés.

Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Masón fueron algunos de los genocidas que se entrevistaron con los legisladores del oficialismo.

La actividad generó el repudio de sectores políticos opositores como Unión por la Patria, la UCR y la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e incluso algunos legisladores del PRO, que le reclamaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem, que se haya utilizado un vehículo del cuerpo para que los diputados de LLA se trasladaran a esa cárcel federal.

A modo de descargo, los legisladores libertarios ratificaron la realización de esta actividad, y negaron haber concurrido a “visitar represores”, al alegar que se entrevistaron con “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”.

La Comisión Provincia por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal esta semana contra el diputado nacional por Entre Ríos, Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.

El organismo de Derechos Humanos recordó que para justificar su visita, Benedit envió un mensaje de whatsapp que se viralizó en redes sociales en el que expresó. 

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, alegó el entrerriano.

Y agregó: “¿Les duele la visita humanitaria? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas? Sí. ¿El Presidente combate en la política esta ideología? Sí. ¿Cuál es su última guarida? ¿El Poder Judicial? Sí. ¿Los vamos a combatir? Sí. ¿Cómo? Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa. ¿Cómo? En el Consejo de la Magistratura”.

Para la CPM, de estos dichos se desprende que este grupo de legisladores “defiende abiertamente a los represores que visitó en Ezeiza y su accionar probadamente delictivo durante la última dictadura militar”.

la CPM considera que “estas expresiones públicas son constitutivas del delito de apología del crimen y así deben investigarse y juzgarse, ya que el Estado tiene la obligación no sólo de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad sino también de sancionar penalmente cuando un funcionario público incurre en una actitud de evidente apología de este tipo de delitos que afectan a la sociedad toda”.

En su presentación judicial, la entidad defensora de los derechos humanos indica que “la deliberada intención de difundir de manera masiva estas ideas reivindica la metodología usada por los genocidas”.

En ese sentido, el Colectivo Mario Bosch de abogados que actúan en causas de lesa humanidad solicitaron la remoción por inhabilidad moral a los diputados nacionales de LLA que visitaron “institucionalmente” a genocidas condenados.

El pedido de destitución de estos legisladores se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que “con dos tercios de votos es posible remover a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”.

Desde este Colectivo se solicitó también al Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, un pedido de acceso a la información pública para verificar en qué horario se hizo la visita y quiénes más además de los diputados acudieron al penal de Ezeiza se encuentran cumpliendo condena los genocidas.

Este colectivo de abogados que siguen desde hace más de diez años querellas en los procesos de lesa humanidad consideran que la visita “debe leerse como parte del discurso y política negacionista del actual gobierno nacional con el objetivo de frenar la verdad, memoria y justicia”.

En esa línea, el colectivo “Historia Desobedientes”, que nuclea a hijos de represores que repudian los crímenes de terrorismo de Estado perpetrados por sus padres, difundieron un comunicado en el cual afirman que se ven en “la obligación moral de repudiar el accionar de diputados nacionales de LLA,  que se reúnen con genocidas lastimando al tejido social y  desoyendo el grito social de NUNCA MÁS”.

Historias Desobedientes consideró que se trata de un grupo de diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien “desde hace años opera desde los lugares más oscuros de la sociedad reivindicando el accionar criminal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” en los tiempos de la dictadura.

En esa línea, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) calificó a la visita como “una provocación” y solicitaron que “los espacios políticos que acompañan” la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que “denuncien y repudien este hecho” en la Cámara baja.

En esa línea, el bloque de Unión por la Patria presentó en las últimas horas un proyecto de resolución para crear en el ámbito de la Cámara baja una comisión especial que "determine responsabilidades" y proponga "medidas ejemplificadoras" a los legisladores de LLA.

“En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y para que no se consoliden acciones que tiendan a la impunidad de los actos más aberrantes de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados debe tomar acciones para determinar responsabilidades y corregir tanto a los arriba mencionados como otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, sostiene el proyecto de resolución.

En tanto, desde el Gobierno intentan despegarse de esta visita a genocidas condenados. En una entrevista que concedió al canal de streaming “Neura”, el presidente Javier Milei afirmó que en lo personal “no hubiera realzado” esa actividad.

Mientras tanto, Villarruel, quien mantiene cercanía con varios de estos legisladores, evitó pronunciarse sobre el hecho, pese a los aceitados vínculos que mantiene desde hace años con varios genocidas condenados.