El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, advirtió que la de Jujuy "es una situación grave y compleja" tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial.

Pietragalla Corti, arribó ayer al mediodía a San Salvador de Jujuy con motivo de la feroz represión que está viviendo la provincia, debido a la represión policial en varias ciudades contra los manifestantes opositores.

Según se informó, el funcionario estuvo en las zonas de conflicto, visitó los penales donde se encuentran las personas detenidas y ademas pedirá una reunión de urgencia con el gobernador Gerardo Morales.

En declaraciones a Radio Provincia, Pietragalla señaló desde Jujuy que estuvo anoche "hasta las 2.30 en la puerta del Penal de Alto Comedero, donde todas y todos los detenidos recuperaron la libertad", y cuestionó que “habían sido trasladados a un penal cuando debían estar en una comisaría”.

El funcionario expresó "muchas comunidades" tienen "una angustia muy grande porque se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes y no fueron consultadas pese a que se están tocando sus intereses". 

Mientras tanto, el gobernador Morales aseguró hoy que los manifestantes actúan bajo "el amparo del Gobierno Nacional que está poniendo plata para generar la violencia en la provincia de Jujuy", y prometió que le tomará "dos o tres meses volver a reestablecer el orden".

"No le voy a permitir al Gobierno Nacional a que nos lleve de nuevo al Estado paralelo y a la violencia", aseveró Morales en declaraciones a Radio Rivadavia. 

Para el gobernador, la nueva Constitución Provincial "mantiene el derecho a manifestarte, por el que no se pide permiso en tanto sea pacífico y sin armas, y agrega un artículo que establece que una ley regulará el ejercicio de los derechos que no son absolutos".

Asimismo, remarcó: "Nuestros derechos no pueden afectar a otros derechos y lo que plantea ese articulo es que la ley regulará los ejercicios de esos derechos cumpliendo con los estándares internacionales para garantizar el derecho a manifestarse sin criminalizar y estigmatizar, pero prohíbe el corte de ruta, de calle y la usurpación de edificios públicos".