El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le pidió al Congreso Nacional la creación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para el 2025. Esta solicitud busca abordar las necesidades del sistema universitario, las cuales han sido expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Según detallaron, la iniciativa surge ante la falta de recursos para cubrir las necesidades del sistema educativo universitario, cuya estimación de presupuesto asciende a $7,2 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno contempla solo $3,95 billones. La casa de altos estudios, en conjunto con el CIN, destacó que este desfase pone en riesgo la sostenibilidad de las universidades públicas. 

"Diversos sectores de la sociedad, incluidos actores políticos, educativos, culturales, sindicales y empresariales, han instado a que se tomen medidas inmediatas para asegurar el financiamiento adecuado para las universidades públicas", afirmó la UBA en su resolución. Este reclamo se sustenta en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la educación y en la preservación de la calidad educativa en un contexto de creciente demanda y precarización.

En este marco, le pidieron al Congreso realizar una consulta popular vinculante para que los ciudadanos puedan refrendar el proyecto de ley. La UBA considera que, a través de este mecanismo, la ciudadanía podría expresar su apoyo a un modelo de financiamiento universitario que garantice el futuro de las universidades públicas. Cabe destacar que de aprobarse una ley por esta vía, sería promulgada automáticamente y el presidente Javier Milei no tendría la facultad para vetarla, como lo hizo con el pasado 3 de octubre con el proyecto aprobado por diputados y senadores de la Nación. 

La medida había sido anticipada el mes pasado por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán. “El presidente decía que, cuando la casta le frenara un proyecto de ley, él iba a recurrir a las consultas populares. Ahora tenemos la posibilidad de que sea el pueblo de la Nación el que defina si quiere financiar a las universidades como corresponde o no”, afirmó Durán en ese momento, en diálogo con Futurock. 

La consulta popular vinculante está contemplada por el artículo 40 de la Constitución nacional, que reza: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.

La ley 25.432, que reglamenta esta herramienta desde 2001, indica que la ley de convocatoria debe tratarse en una sesión especial y ser aprobada con mayoría absoluta en ambas cámaras. El voto del electorado es obligatorio.