El expresidente Alberto Fernández logró retrasar su declaración indagatoria por la acusación de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez. Mediante una nueva recusación contra el juez Julián Ercolini, el trámite judicial quedó suspendido hasta que la Cámara Federal porteña resuelva si el magistrado continuará al frente del expediente.

La citación estaba programada para el 19 de diciembre, pero con esta maniobra, Fernández evitó tener que presentarse en los tribunales de Comodoro Py. Ahora, la Cámara Federal ha fijado una audiencia para el 26 de diciembre, en la cual se escucharán los argumentos del expresidente y de su abogada, Silvina Carreria, quien sostiene que la causa debería tramitarse en el fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa de Fernández insiste en que los hechos investigados son contravenciones de maltrato y hostigamiento, lo que implicaría una revisión del marco legal bajo el cual se lo juzga. Además, argumentó que Ercolini debería haberse excusado por posibles conflictos de imparcialidad. Sin embargo, el juez rechazó el pedido y sostuvo su continuidad al frente del caso, aunque la apelación ha suspendido temporalmente la indagatoria.

Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que, de confirmarse a Ercolini como juez del caso, la nueva citación para declarar podría reprogramarse para comienzos de 2025, una vez finalizada la feria judicial de verano.

Las pruebas en el expediente

El expediente detalla una recopilación de fotos, videos y registros de actividades oficiales que documentarían los actos de violencia denunciados por Fabiola Yañez. Según el fiscal Ramiro González, se acreditaron distintos tipos de violencia ejercida por Fernández: psicológica, física y económica, conforme a la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.

La acusación indica que la violencia fue sistemática y comenzó desde el inicio de la relación, en 2016, prolongándose hasta que se formalizó la denuncia. Entre las conductas descriptas se encuentran "acosos, hostigamientos, insultos, ninguneos, controles y destrato sistemático".

La defensa, por su parte, sostiene que el juez Ercolini no garantiza imparcialidad, ya que fue quien inicialmente impulsó las actuaciones de la denuncia. Esto, afirman, contraviene principios básicos de independencia judicial.

La audiencia del 26 de diciembre será clave para determinar si el juez Ercolini continuará al frente de la investigación. Hasta que no se resuelva ese punto, la indagatoria de Fernández seguirá suspendida. Si la Cámara confirma al magistrado, el proceso podría retomarse recién en el próximo año judicial, postergando cualquier definición hasta después de enero de 2025.