Nostalgia de viejos tiempos: los genocidas presos que desde la cárcel aprietan a periodistas

El viejo refrán dice que el zorro pierde el pelo pero no las mañas y los presos en la cárcel
VIP de Campo de Mayo parecen ser la confirmación del axioma de sabiduría popular.
Carlos “El Indio” Castillo, Mario “Churrasco” Sandoval, Ernesto Etchart, Gonzalo Sánchez y Eduardo Ramos se pusieron al frente de la representación de todos sus compañeros, le pusieron firma al apriete y denunciaron por “calumnias o falsa imputación e intimidación pública”, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 4 a Mauro Federico y esta cronista, Ivy Cángaro. El expediente FSM 30961/2024 incluye los argumentos esgrimidos por los presos por delitos de lesa humanidad que se “indignaron” por las notas publicadas en Data Clave, que se reprodujeron en parte en el canal C5N y que serían un obstáculo en su lobby en procura de la libertad.

Lo que antes hubieran resuelto de manera expeditiva y por su propia mano ahora, por ese “abuso de la estadística” al que solemos llamar democracia, deben reclamar a la Justicia que tiene otros tiempos y sobre todo, otros modos. Una pena para los otrora amos de la muerte que ahora dicen no controlar esfínteres para lograr volver a su casa.

En Data Clave y desde hace más de un año expusimos quién era el sacerdote Javier Olivera Ravasi, posteriormente artífice de las reuniones entre los abogados de la Agrupación “Justicia y Concordia” y los diputados libertarios que empezaron a trabajar en febrero en función de la libertad de los represores presos por delitos de lesa humanidad. También mostramos las condiciones de privilegio en las que viven en las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza. Expusimos el prontuario criminal de algunos de ellos y sobre todo pusimos el foco en un camino que durante cuarenta años estuvo en las sombras: la ruta del dinero que iniciaron en mesas de tortura, que culminó en cuentas off shore aún vigentes y con cuyo capital acumulado, que sería de varios millones de dólares, estarían solventando su buen vivir y su proyecto de libertad.

El inicio de la causa en la que se presentan como querellantes es un paso más que dan
en un tiempo que se sienten políticamente favorecidos, por eso cualquier visibilización mediática que los exponga, es un problema. Silenciosamente, consiguieron la visita y adhesión de algunos diputados de La Libertad Avanza; pero fundamentalmente lograron el favor de algunos sectores de la Justicia gracias al intenso lobby a su favor de algunos abogados que los representan: Enrique Munilla Lacasa, Edgardo Frola, y los integrantes de la Agrupación “Justicia y Concordia” Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean.

Estos últimos, por caso, fueron quienes un día después de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel pidieron a Casación que fijara nuevas reglas para el acceso a prisión domiciliaria de los detenidos por casos de lesa humanidad, pedido que fue denegado el 22 de marzo, cuando el grupo ya había empezado las negociaciones con los diputados libertarios.

De esos primeros encuentros entre abogados y diputados también fueron parte el ex camarista Eduardo Riggi y la jueza Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza civil desde 2018, quienes aparentemente luego de un primer encuentro no mantuvieron más contacto con los interesados en la libertad de los presos.

Un paso más en busca de la impunidad

De todos modos, el viento a favor los llevó hasta este jueves y a un momento largamente
esperado:

podrán presentarse como víctimas del proceso de justicia ante los estrados judiciales. Diversas organizaciones pro-dictadura, entre las que se cuentan “Afavita” y el Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la primera liderada por Silvia Ibarzabal y la segunda fundada por Victoria Villarruel e integrada por Arturo Larrabure quien, junto a Ibarzábal trabaja como asesor de Luis Petri; presentaron un hábeas corpus en el que expusieron que se habrían agravado las condiciones de detención de los presos por lesa humanidad y que no estarían bajo el amparo de la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores.

Los mismos represores, por zoom, tuvieron varias entrevistas con miembros de la CIDH
para exponer su caso, algo que incluso generó disputas entre los mismos presos, pues no todos estaban de acuerdo en reclamar ante una comisión internacional que consideran adversa a sus fines. Encontraron un flanco más permeable en la Cámara del Crimen, que el 12 de diciembre escuchará sus argumentos. Según la periodista Luciana Bertoia, experta en las causas de lesa humanidad, los abogados de Justicia y Concordia
recurrieron a la justicia nacional ordinaria –que tiene competencia únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y no es competente en las causas de lesa humanidad para esquivar a los tribunales federales, que suelen ser esquivos a sus planteos.

El caso quedó en manos del juez Martín Yadarola, quien tampoco dio curso a sus intereses en dos ocasiones distintas: primero rechazó un hábeas corpus, luego dijo que no tenía competencia material ni territorial para actuar. Los abogados Saint Jean y Olea, entonces, recurrieron a los camaristas Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich quienes revocaron la decisión del juez y le ordenaron buscar y ordenar la información sobre los detenidos de lesa. Yadarola lo hizo con esmero y señaló que varios represores ya contaban con prisión domiciliaria, otros tenían el beneficio pero no lo usaban por estar internados en centros de salud, con otro se dio marcha atrás en su beneficio por estar condenado por abuso sexual y por último, el caso emblemático del cura Von Wernick que no se hizo efectiva la medida porque no tiene dónde ir.

Con todo, el camarista Hernán López revocó lo dicho por Yadarola y a la hora -
literalmente- de haber recibido el informe ordenó se hiciera una audiencia para escuchar a los detenidos y es lo que finalmente sucederá este jueves a las diez de la mañana. El camino parece allanado para que todo conduzca a que se dictamine que como adultos mayores que viven en severas condiciones ambientales y de salud, vuelvan a sus casas. Van a representar a las organizaciones que presentaron los hábeas corpus los abogados Alberto Solanet y Carlos Bosch, también de Justicia y Concordia, quienes expondrán a favor del veinte por ciento de los detenidos por delitos de lesa humanidad que a diferencia del 80 por ciento restante, aún no consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo mientras tanto, matan el tiempo de espera en el gimnasio, las canchas de tenis, en la biblioteca o en los diferentes cursos de historia o filosofía. Los que no, se dedican a postear en la cuenta de X “Los Muertos Vivos”, a hostigar periodistas o a apretar en la justicia a Mauro Federico y a esta cronista, en el intento de callar voces que expongan sus vidas y miserias.