El Gobierno no afloja en su pulseada con las universidades públicas. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció este miércoles que en los próximos días se firmarán decretos para exigir mayor transparencia en el manejo de los fondos universitarios. La decisión llega tras el rechazo judicial a un pedido de auditoría de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Entre mañana y pasado estarán los decretos para exigir a las universidades claridad en sus gastos y en el pago de sueldos. Es una medida inminente", aseguró el funcionario en diálogo con Radio Mitre, reforzando la postura del oficialismo en este tema.

El revés judicial que mencionó Sturzenegger tiene como antecedente un fallo reciente que desestimó la solicitud de la SIGEN para auditar los gastos de la UBA. El organismo, que depende del Ejecutivo, había pedido a la Justicia acceso a documentos sobre licitaciones, contrataciones y el destino de fondos otorgados por el Estado. Sin embargo, la universidad argumentó su autonomía y logró frenar la medida, aunque el Gobierno ya anticipó que apelará la decisión.

En su discurso por cadena nacional, Javier Milei reforzó su postura y dejó claro que las universidades públicas no estarán exentas del control estatal. "Hemos auditado a todo el Estado y estamos auditando a las universidades públicas, que también tienen que rendirle cuentas a la sociedad, aunque se resistan", afirmó el mandatario.

El conflicto con las universidades viene escalando desde que Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso. Esa decisión, ratificada luego por la Cámara de Diputados, tensó aún más la relación con el sector educativo, que ya enfrentaba incertidumbre por los recortes presupuestarios.

La SIGEN, mientras tanto, había justificado su pedido de auditoría como parte de sus funciones de control interno, complementarias al rol de la Auditoría General de la Nación (AGN). Según el organismo, las universidades deben rendir "cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional" para garantizar que estos se destinen a las actividades propias de cada institución.

En este marco, la UBA abrió un expediente judicial argumentando que la SIGEN no tiene competencia para auditar una institución autónoma. Por ahora, la Justicia le dio la razón, pero el conflicto promete nuevos capítulos con las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

El vínculo entre el Gobierno y las universidades se complica aún más con las recientes protestas de docentes y estudiantes que rechazan las políticas del oficialismo, incluyendo el veto al financiamiento y la postura crítica hacia el sector.