El Gobierno del presidente Javier Milei decidió mediante un DNU que sea el Ministerio de Justicia el que lleve adelante la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que se sancionó en 2014 y que hasta ahora estaba en manos de una comisión bicameral del Congreso.

El Código establece, como ocurre por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que las causas estén en manos de los fiscales federales y que los jueces sean quienes autoricen determinadas medidas como arrestos o allanamientos.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó una serie de tuits durante el fin de semana en los que recordó que en 2019 "el Código fue puesto en vigencia únicamente en la justicia federal en Jujuy y Salta. En el resto del país, continúa aplicándose el régimen inquisitivo y en los últimos cuatro años la implementación se estancó por completo".

Justamente durante el fin de semana Cúneo Libarona estuvo de visita en esas dos provincias para conocer de primera mano cómo se llevó adelante la instrumentación del sistema acusatorio, que además de darle a los fiscales la responsabilidad de la investigación instrumenta la oralidad de las audiencias procesales.

"Vinimos a aprender de ellos, que hace años están llevando adelante con mucho éxito la gran reforma procesal. Me encontré con jueces, fiscales y defensores de gran nivel, de muchísima vocación de servicio, que destacaron las bondades de este sistema procesal que queremos trasladar a todo el país", expresó Cúneo Libarona en Jujuy.

“El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”, sostuvo este lunes el Ministerio de Justicia en un comunicado.

“La ley modificada establecía que la puesta en vigencia del régimen procesal estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación. Esta Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019. Luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”, agrega el texto.

Según se indicó, el DNU que firmó el presidente Milei “corrige el esquema de implementación de esta política de Estado, y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de impulsar las acciones técnicas y propiciar las adecuaciones reglamentarias pendientes para completar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el resto del territorio nacional”. 

El proceso de instrumentación será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que coordinará su labor con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados.