Hay una gran expectativa sobre el viaje presidencial a Europa, en cuanto al apoyo necesario que pueda lograr para cerrar el acuerdo con el FMI. Sin embargo, el resultado será que volverá con todo lo que ya estaban dispuesto a concederle a la Argentina.

Desde los inicios de la negociación aclaramos que el FMI tenía una gran predisposición a cerrar un trato con Argentina y con mínimas condiciones. Cabe tener en cuenta que lo que debe el país, casi US$ 45.000 millones, es una buena porción de la cartera de crédito del organismo, que sabe que no se puede pagar en dos años. Por lo tanto, no le convendría que cayera en cesación de pagos, cuando en 10 años sí es factible que se pueda abonar. Además, si como muchos piensan, vuelven a surgir problemas con la deuda argentina, primero se dejará de pagarles a los acreedores privados, como en 2020, y el Fondo seguirá cobrando; porque dejar de abonarle implica volverse un paria internacional. Tal es la buena voluntad que reina en el organismo, que algunos funcionarios ya dejaron trascender que la discusión técnica estaría casi cerrada y, de hecho, ya se esperaba que hubiera una reducción de las actuales tasas de interés que paga la Argentina; por ende, eso tampoco será una novedad que surja del viaje presidencial.

El motivo por el que aún no hay un acuerdo con el FMI lo dejó claro el Ministro Guzmán en su anterior recorrido por Europa, “faltan generar consensos”; pero no dentro del organismo internacional, sino internos en la alianza de gobierno argentino. El kirchnerismo quiere que el plazo del “Facilidades Extendida” sea más largo de lo que permite el estatuto del Fondo; por lo que no es factible que lo concedan. Sin embargo, es entendible que, quienes no cumplen ni siquiera la Constitución Nacional y las leyes argentinas, no comprendan que el FMI no pueda cambiar su estatuto de un día para otro o acordar algo por fuera de lo que dicta el mismo. Para resolver este punto el Ministro Guzmán hizo una jugada muy inteligente, pedirle al organismo que agregue un artículo que aclare que, si en algún momento modifica su estatuto y permite plazos más largos de “Facilidades Extendidas”, estos podrían aplicarse al acuerdo cerrado con Argentina.

Otra exigencia del kirchnerismo es un período de gracia de por lo menos 5 años; lo cual dejaría nuevamente muy poco tiempo para pagar los más de USD 44.000 millones que se le deben. Si cierra un acuerdo a 10 años, habría que abonar unos USD 9.000 millones por año en un momento en que estarán en ascenso los vencimientos de deuda privada; lo cual no parece que sea afrontable por nuestro país. Conclusión, si el FMI hoy acepta imponer mínimas condiciones, es porque sabe que lo que le debemos no se puede pagar en 2 años, ¿cuál es el sentido de cerrar un trato así sabiendo que no se podrá abonar dentro de 5 años al fin del plazo de gracia?

Los palos en la rueda que está poniendo el kirchnerismo no son temas menores. Todavía no se sabe cómo se va a hacer para pagar el vencimiento de mayo del Club de París, por unos US$ 2.550 millones, que se extendería hasta fines de julio con el plazo de mora. El Banco Central (BCRA) ha estado comprando dólares de la liquidación de la cosecha, pero poco ha quedado en sus reservas. Algunos confían en que se podrán usar los recursos por la emisión de DEGs del FMI, que es una moneda del organismo y que se repartirá entre los países que lo necesiten para enfrentar los gastos de la pandemia. A la Argentina le tocarían unos US$ 4.300 millones; pero recién estarían disponibles desde septiembre en adelante, por lo que sería tarde para enfrentar el vencimiento del Club de París, y para ese mes habrá que pagarle también al FMI, unos US$ 1.868 millones. Lo ideal sería cerrar un acuerdo con el Fondo en los próximos meses y poder refinanciar esos vencimientos usando los DEGs para fortalecer las debilitadas reservas del BCRA.

Si bien en el Congreso argentino hay quienes quieren restringir el uso de esos recursos al gasto por la pandemia, la realidad es que el dinero es fungible. Una vez que los DEGs entren a las reservas, el gobierno puede “asignarlos” a pagar los gastos sanitarios y de asistencia de sectores vulnerables; pero usar los fondos que se liberan, porque se costearan de otra forma dichas erogaciones, al pago de deuda. No parece que esto vaya a ser un gran inconveniente; aunque este tipo de actitudes internas de la alianza de gobierno jueguen en contra de la percepción de riesgo de la Argentina. Y este último es el verdadero problema que hoy tenemos, ya que suena poco factible que postergar para después de las elecciones el acuerdo con el FMI sea una opción que no incremente las dudas sobre si alguna vez se cerrará. Sólo sería de esta manera si se asumiera que luego de los comicios el gobierno estaría dispuesto a hacer más concesiones; pero no parece que sea el caso.

El gobierno ya enfrenta un escenario complicado para período previo a las elecciones. A pesar de que la reactivación económica fue fuerte hasta el primer trimestre de 2021, la recuperación de la sensación de bienestar de la gente estuvo muy lejos de evolucionar a dicha velocidad. Los trabajadores se han empobrecido por una inflación que licúa sus salarios; ya que el Banco Central (BCRA) emite para financiar los excesos del gasto del gobierno y, como la gente no demanda esa moneda, su valor cae. Es decir, el BCRA les cobra impuesto inflacionario a los argentinos quitándoles poder adquisitivo a sus pesos para transferírselo al Estado para que pueda gastar más; por lo que termina empobreciéndolos.

Por otro lado, es cierto que se ha recuperado fuerte la cantidad de personas que trabajan desde que el gobierno empezó a levantar las restricciones para hacerlo o para circular. Sin embargo, la realidad es que lo están haciendo en actividades que son más precarias, informales, de tiempo parcial o de menor productividad; por lo que obtienen ingresos más bajos que antes. El empleo privado en relación de dependencia es mucho menor que el previo a la cuarentena, y el único que creció, como siempre, es el del sector público, que se usa como seguro de desempleo. Hacia adelante y con las nuevas limitaciones que se están implementando para circular y trabajar, el nivel de actividad se desacelerará fuerte o hasta podría tener una caída coyuntural. Esto no va a colaborar a mejorar el bienestar de la gente. Por eso, pareciera que lo último que le hace falta al gobierno es generar más incertidumbre por no acordar pronto con el FMI; lo cual redundaría en un peor ambiente económico y, por ende, social antes de los comicios.