Es paradójico que, en la provincia más rica de Argentina, la seguridad dependa de la ayuda nacional.
Un acuerdo de coordinación tributaria y funcional para reformar el sistema de coparticipación y
aliviar las tensiones entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación es fundamental.

Las provincias reciben, desde el nivel central, dos tipos de transferencias:

  1. Transferencias automáticas mediante la coparticipación, que consisten en agrupar todos los
    impuestos nacionales en una masa coparticipable y distribuirlos con parámetros fijos y de
    manera automática entre la Nación y las provincias.
  2. Transferencias discrecionales, que son recursos que la Nación decide enviar (o no) a las
    provincias.

Durante la gestión anterior, la Provincia de Buenos Aires recibía una transferencia discrecional a
través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Hoy, esos recursos ya no llegan.

Lo paradójico es que Buenos Aires necesita transferencias discrecionales para garantizar una
seguridad razonable. Si analizamos la coparticipación, los datos del Ministerio de Economía muestran
que los habitantes de la provincia aportan aproximadamente el 33% de los recursos que conforman
la masa coparticipable. Sin embargo, la distribución es la siguiente:

  •  La Nación se queda con el 43% de la masa coparticipable.
  • El conjunto de las provincias recibe el 57% restante.
  • La Provincia de Buenos Aires percibe apenas el 13% del total.

En otras palabras, Buenos Aires recibe uno de cada tres pesos que aporta a la coparticipación. Esto explica por qué la provincia más rica del país sigue siendo dependiente de las ayudas nacionales a
través de transferencias discrecionales.

La coparticipación no es funcional, y la situación de la Provincia de Buenos Aires lo demuestra con
claridad. Este sistema no solo le extrae recursos, sino que también la vuelve dependiente de la
Nación. Sin los incentivos adecuados, no es sorprendente que la calidad de la gestión pública
bonaerense se asemeje a la de las provincias más rezagadas. Lo preocupante es que, ante fracasos
recurrentes (no solo en materia de seguridad), la coparticipación no se cuestiona como el origen del
problema, diluyendo así las responsabilidades.

El problema no es solo de gestión, sino también de financiamiento. La prioridad debería ser avanzar hacia un régimen superador. Un primer paso sería unificar impuestos como el IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales en un único impuesto a las ventas, asignado al territorio donde se genera la actividad económica. Esto permitiría que Buenos Aires se financie con los impuestos derivados de su productividad. Para las provincias menos desarrolladas, se podría establecer un fondo de convergencia con recursos destinados exclusivamente a inversiones, y no como una transferencia sin contrapartida.

La solución pasa por eliminar el actual régimen de coparticipación mediante un acuerdo de
coordinación tributaria entre la Nación y las provincias (no necesariamente todas), de manera que cada jurisdicción recupere su autonomía fiscal. Desde luego, este es un desafío complejo que
requiere el compromiso de todos los actores involucrados.