El oficialismo impulsó durante meses la nominación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, pero ahora el propio gobierno de Javier Milei enfrenta un freno inesperado. El dictamen del académico sigue sin reunir las firmas necesarias, lo que impide que el Senado lo trate con mayoría simple. Sin ese aval, su aprobación requeriría una habilitación especial con el respaldo de dos tercios del cuerpo, una situación que dificulta su avance y, paradójicamente, beneficia al Ejecutivo.

El problema se originó en agosto, cuando los dos candidatos asistieron a las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO). Pese a los intentos de acercamiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, la falta de consensos derivó en una negociación empantanada. En febrero, el pliego de Lijo consiguió nueve firmas, pero el de García-Mansilla quedó estancado entre cuatro y cinco adhesiones.

El escenario es complejo. Si cinco senadores piden una sesión y la vicepresidenta Victoria Villarruel la convoca, el nombramiento de Lijo podría tratarse sin inconvenientes, siempre que se logre el quórum de 37 legisladores. Sin embargo, el caso de García Mansilla es distinto: sin dictamen, su incorporación en la agenda del día requiere la aprobación de dos tercios de los presentes. En un Senado dividido, alcanzar esos números parece una tarea titánica.

El respaldo a García Mansilla quedó atrapado en una encrucijada. Su dictamen fue firmado por algunos senadores, pero en papeles que nunca fueron oficializados. En ese limbo, las adhesiones desaparecieron y ahora nadie quiere quedar alineado con el kirchnerismo. Cristina Kirchner y su espacio deslizaron que pondrían seis firmas a disposición, mientras que Tagliaferri y un radical aportaron dos en otro documento. Sin embargo, los números no alcanzan: hay ocho avales en dos despachos distintos y se necesita un mínimo de nueve en un solo texto.

Detrás de esta maniobra se ubican varios sectores políticos. Además del oficialismo, tres radicales como Carolina Losada, quien está abiertamente en contra de Lijo, y aliados como Beatriz Ávila y el misionero Carlos Arce se abstienen de firmar el dictamen. En un juego de presiones y silencios, estos legisladores terminan blindando la estrategia del gobierno y dejando la decisión en un limbo.

El artículo 99 de la Constitución establece que un magistrado designado "en comisión" mantiene su cargo hasta el final del período legislativo en curso, lo que en este caso implica que García Mansilla podría continuar en la Corte hasta fines de noviembre sin requerir la aprobación del Senado. Mientras tanto, la falta de acuerdo mantiene en suspenso su futuro y reconfigura los equilibrios en la Cámara alta.