“Antimafias": una ley a medida de la represión y encarcelamiento de quienes protesten

Tal como lo establece la Constitución, la ley 27.786 entró en vigor desde la medianoche del 10 de marzo al ser publicada en el Boletín Oficial. Lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos, Bartolomé Abdala y Martín Menem. 

La norma supuestamente endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.

Sin embargo, algo puede ser motivo de arbitrariedad o incluso persecución a cualquier tipo de protesta social pues, en línea con el texto de la norma, se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.

Además, permite la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la acción de la justicia. Así, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

La categoría central que rige el proyecto es la de "mafia", que paradójicamente el mismo proyecto soslaya y que debería tener, como mínimo, tres consideraciones: la de la cuestión criminal, la del "método mafioso", y la de su sistema de poder; tal como explicó el sociólogo Rocco Carbone en la Comisión de Seguridad Interior, reunida en mayo en pos de esta ley. Si bien la "mafia" es una organización criminal, no todas las organizaciones criminales son mafiosas. En la legislación que entró en vigencia, no hay ningún considerando en sus diferenciaciones ni en las sanciones respectivas. 

Lo que subyace es que la ley tiene por eje fundamental la persecución, prohibición y criminalización de la protesta social, bajo el amparo de que tres personas o más, que se enfrenten a alguna fuerza de seguridad represiva, sean consideradas como organización criminal; pues desde el primer artículo campea la vaguedad acerca de esos supuestos nucleamientos y los delitos consecuentes a cometer. 

Por citar solo un ejemplo, esta ley permite considerar la Plaza de los dos Congresos como “zona sujeta a investigación especial” y que los policías que actúan en las manifestaciones de jubilados de los miércoles lleven a cabo "las investigaciones" que consideren que "tres o más personas son una organización delictiva", por caso, tres jubilados, o tres integrantes de la hinchada de un club de fútbol que vayan a apoyar a los adultos mayores en sus reclamos. 

De prosperar el proyecto, la ministra podrá también incautar mercadería, inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas y realizar requisas en los establecimientos penitenciarios federales.

Recordemos que hace un tiempo Bullrich había detenido a cuatro personas y dijo que operaban para Hezbollah, cuando claramente no era cierto. Con esta ley, podrían estar presos hasta 20 años. 

Esta medida, unida al proyecto de Seguridad Interior que promueve que las Fuerzas Armadas tengan injerencia en la represión de delitos comunes, es un embudo que lleva directamente a la ausencia del Estado de Derecho tal como está vigente desde el reinicio de la democracia en 1983. 

En una entrevista con Luis Majul, la ministra Patricia Bullrich dijo que ante la anunciada participación de hincha y barras de diversos equipos de fútbol en la marcha de los jubilados anunciada para el miércoles 13, estaba "preparando medidas judiciales y cambios legislativos". Claramente parecía aludir a esta ley y allí mismo agregó: "A los barras bravas les vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir (a las manifestaciones)". 

Las penas

“Será reprimido con reclusión o prisión de ocho (8) a veinte (20) años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita dedicada a cometer cualquiera de los delitos”, sostiene la normativa.

El Ministerio Público Fiscal, podrá “aún sin condena”, decomisar cualquier bien que “presumiblemente sea producto de las actividades” ilícitas cuando existiera una sospecha fundamentada del origen.

La nueva norma legal permitirá “detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos” con “autorización del Ministerio Público Fiscal y siempre que exista urgencia fundada, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente”.

Cómo fue la votación: ¿es una ley inconstitucional?

El proyecto fue aprobado con 137 a favor y 92 en contra. Tuvo respaldo de LLA, el PRO, la UCR, los partidos provinciales y Guillermo Snopek, de Unión por la Patria, que volvió a desmarcarse con en la boleta única. El resto del peronismo y UxP rechazaron la iniciativa.

Según los diputados peronistas la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.

“En el Código Penal no está determinado qué es una mafia. Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar para determinar que es una asociación ilícita. Con legislación vigente, sólo se tenían tres requisitos”, sostuvo el diputado Eduardo Valdés. 

La Asociación Argentina de Juristas, por su parte, el 20 de enero emitió un comunicado en el que solicita a los miembros del Senado a que rechacen el proyecto de ley pues considera que se trata de una "reforma ilegal del Estado de Sitio, sus defectos legales y los graves riesgos de su aplicación".

La denuncia al periodista Diego Brancatelli

Bullrich también afirmó que desde el Ministerio de Seguridad se le inició una denuncia al periodista Diego Brancatelli "por incitación a la violencia", por un posteo en la red social X, "porque llamó a romperle la cabeza a los policías". 

Se lo acusa de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y atentado al orden constitucional y la vida democrática después de una publicación en X donde el periodista sostuviera “se le empiezan a animar a la policía; se está perdiendo el miedo; ahora tienen que sumarse más hinchadas y más gente; el comienzo del fin…”. Lejos de lo que afirmó Patricia Bullrich, en ningún momento habló de "romperle la cabeza a los policías".