En medio de la campaña electoral, el ministro Sergio Massa anunció un paquete amplio de medidas para brindar cobertura a la sociedad en momentos en que la inflación se acelera post devaluación. La batería de medidas en principio fue autorizada por el FMI, a cubrir con el aumento de ingresos por la devaluación fiscal y la devaluación real que se dieron en el plazo de mes. Tendrá un costo fiscal estimado de $730 mil millones, 0,4% del PBI en lo que queda del año, pero lo más relevante es que buena parte del costo del anuncio terminaría recayendo en otros actores Empresarios, gobernadores e intendentes sobresalen como los más afectados ante la exigencia de afrontar un bono de $60.000 a trabajadores (por única vez y a cuenta de paritarias futuras), pero en el mismo grupo también están las familias que cuentan con trabajadores domésticos ($25.000 a cada uno de ellos) y empresas a las que adicionalmente se les exigió congelar sus precios hasta diciembre (pe. prepagas).

El nivel de rechazo de la medida puso en evidencia que el poder de cohesión del Gobierno y del ministro/ candidato en particular está siendo menguado; 14 provincias, de distinto tinte político, no adhirieron al pago del bono y las cámaras empresariales se pusieron en alerta. Además, se conoció que las prepagas planean aumentos para septiembre.

Por otra parte, el pasado viernes 25 de agosto se conoció el detalle del acuerdo negociado con el FMI, plasmado en el Staff Report. Las conclusiones no parecen determinantes de cara a los próximos meses.

En líneas generales el FMI acepta el impacto que la sequía tuvo sobre las metas acordadas y redefine las mismas a modo de habilitar el desembolso de los U$S 7.500 millones acordados. Sin dejar de lado las exigencias de avanzar en la convergencia fiscal (ajuste de tarifas y salarios públicos), el texto acordado parece una señal a no querer al Gobierno en medio de las elecciones.

Dólar: las lecciones que dejó la devaluación post PASO

Por sobre la demanda previa de corregir del tipo de cambio oficial  -ya efectuada por el Gobierno-, se concluye que el Gobierno deberá acentuar el control de importaciones para frenar el drenaje de reservas y poder a las elecciones menos comprometido. Desde ahí, las negociaciones por el resto de los desembolsos (USD 2.500 millones en noviembre) se entablarán con el nuevo gobierno.

La transición hacia un eventual balotaje puede sumar presiones, que en todo caso serán cubiertas como hasta ahora: mayores restricciones a las importaciones. Corrección cambiaria y mayores controles sobre importaciones permitieron acentuar la racha compradora del BCRA en el MULC durante la última semana: +USD 280 millones (+USD 1.200 millones en el mes).

Atrás de esto se observa el aumento significativo de la deuda por pago de importaciones (USD 7.200 millones a julio-23, un 37% por encima que un año atrás) y la mora que empieza darse por la extensión de plazos a la que el BCRA somete a las empresas. Así, además de las restricciones que ya impone el BCRA para acceder a divisas, también empieza a operar la baja de la calificación de las empresas argentinas, lo que redunda en un menor acceso al crédito.

Todo tendrá incidencia sobre la actividad, y explica en alguna medida nuestra corrección de la proyección de crecimiento para 2023 de -2,5% a - 3,4% anual para este año.

En estos niveles de inflación, la devaluación parece trasladarse con más fuerza a los precios que en escenarios de estabilidad. Sin medidas que afecten sobre las expectativas del público es muy difícil hacer la corrección de precios relativos sin acelerar (aún más) la tasa de inflación, algo que puede incluso deslegitimar cualquier intento de reorganización.

En concreto, proyectamos inflación de dos dígitos mensuales en los próximos meses, lo que carcomerá la mejora real conseguida con la corrección cambiaria. Más temprano que tarde, los niveles de competitividad precio serán los de hace un mes.

Así las cosas, la última devaluación deja al menos dos lecciones: 1) buena parte de los precios no estaban ya definidos al blue (algo que también se había evidenciado en la devaluación de diciembre 2015) y 2) una corrección cambiaria aislada no soluciona ningún problema de fondo, sólo aumenta los costos; en cualquier programa de estabilización, la devaluación deberá ser sólo una de un conjunto de medidas a aplicar.

De hecho, la corrección de precios relativos esperada tras la devaluación dependerá sensiblemente de que esas medidas sean creíbles y aceptadas por la sociedad. Por pronto, aun con la suba del tipo de cambio oficial, las expectativas de devaluación no ceden y esta semana el dólar CCL llegó a superar la barrera de los $ 800, reflejando que las presiones por desprenderse de las tenencias en pesos y conseguir dólares directamente en el exterior siguen estando a la orden del día.

La brecha se sostiene en niveles altos y coquetea con volver a los niveles de hace un año (135% promedio en julio 2022), cuando el ministro Massa asumió en medio de la crisis en el Ministerio de Economía.

Otra lección de una devaluación desordenada: la brecha no se cierra moviendo solo el piso. Las semanas que restan hasta las elecciones generales en nuestro escenario base son de administración de la escasez de divisas e inflación alta con actividad sufriendo. Aún en este escenario, no vemos un riesgo alto de elevada inestabilidad.