La Corte Suprema de Brasil votó de forma unánime a favor de enviar a juicio a Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado. El ex presidente y siete de sus colaboradores más cercanos, entre ellos ex ministros y militares de alto rango, enfrentan cargos por abolición violenta del Estado democrático de derecho, conspiración, organización criminal armada y daño calificado. La decisión fue tomada con el voto de los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

El caso tiene como eje la acusación de la Fiscalía General, que asegura que Bolsonaro lideró un complot para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. Entre las maniobras denunciadas figura la redacción de un decreto presidencial para instaurar un "estado de defensa", con el fin de anular los comicios. Además, el plan habría contemplado el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según el expediente judicial. Sin embargo, la falta de respaldo de los altos mandos militares frustró la iniciativa.

La investigación también vincula a Bolsonaro con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Ese día, miles de sus seguidores invadieron el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en una insurrección que buscaba derrocar a Lula y restaurar a Bolsonaro en el poder.

El ex mandatario, que podría enfrentar hasta 40 años de prisión, no asistió a la sala del Supremo Tribunal Federal (STF) durante la jornada decisiva. En cambio, publicó un comunicado donde afirmó que sufre "la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil". Según su versión, el objetivo es impedir que pueda competir en las elecciones presidenciales de 2026.

Bolsonaro se encuentra inhabilitado hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema electoral brasileño, pero confía en que su condena pueda ser revocada. En entrevistas recientes, comparó su situación con la de Donald Trump, quien enfrenta múltiples causas judiciales pero sigue siendo el principal candidato republicano en Estados Unidos.

La defensa del ex mandatario, encabezada por Celso Sanchez Vilardi, aseguró que "contra el ex presidente no se halló absolutamente nada" y denunció que el proceso está viciado. Intentaron sin éxito apartar a tres jueces, entre ellos Alexandre de Moraes, quien es considerado un enemigo político por el bolsonarismo y fue uno de los objetivos del presunto plan de magnicidio.

Mientras Bolsonaro afronta un incierto futuro judicial, el gobierno de Lula, de 79 años, atraviesa un escenario de creciente desgaste. Su popularidad cayó en los últimos meses y la posibilidad de una reelección en 2026 sigue sin definirse. En este contexto, el avance del juicio contra Bolsonaro podría reconfigurar el mapa político brasileño en los próximos años.