El Comité de los Derechos del Niño de la ONU presentó este jueves en Ginebra un duro informe sobre la situación en Argentina, exponiendo graves retrocesos en la protección de los derechos infantiles. El reporte, que forma parte de una serie de evaluaciones periódicas, denunció la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación” en los últimos meses, y el cierre o degradación de ministerios y secretarías que velaban por los derechos de los niños. La desaparición del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y el Ministerio de la Mujer, a través de decretos presidenciales, también fue duramente cuestionada por el organismo.

El documento de 17 páginas es el resultado de varios intercambios entre el Comité y el Gobierno argentino. Aunque los datos presentados pertenecen mayormente a la gestión anterior, el subsecretario de Políticas Familiares, Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, fue el encargado de defender la postura actual del gobierno de Javier Milei. Durante la presentación en Suiza, el funcionario destacó que la administración mantiene su compromiso con los derechos de los niños y que ha realizado esfuerzos para aumentar las partidas presupuestarias destinadas a este sector.

Sin embargo, el Comité se mostró particularmente alarmado por el impacto de la crisis económica en la niñez. Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité, subrayó que más del 70% de los niños en Argentina vive en la pobreza, con un 14% en condiciones de pobreza extrema. “Esto es escandaloso”, señaló, y cuestionó las medidas que el gobierno ha tomado para abordar esta crisis. En respuesta, la delegación argentina argumentó que se ha incrementado en un 3% la Asignación Universal por Hijo (AUH) en términos reales, beneficiando a 4,5 millones de niños, y que el presupuesto para programas de alimentación aumentó en un 18%.

A pesar de estas cifras, el Comité expresó su preocupación por el cierre de instituciones claves, como la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia, que fue reemplazada por una subsecretaría de menor jerarquía. Esta reestructuración, sumada a la disminución del presupuesto para programas esenciales de protección infantil, podría tener consecuencias devastadoras para los niños, especialmente en áreas como salud y educación, señaló el informe.

El Comité también abordó otros temas críticos, como el aumento de los casos de pornografía infantil y abuso sexual intrafamiliar, y la falta de mecanismos efectivos para denunciar y condenar estos delitos. Uno de los reclamos más contundentes del informe fue la necesidad de eliminar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, una política impulsada por el gobierno de Milei.

En cuanto a los niños con discapacidad, el informe destacó la falta de inclusión en el sistema educativo argentino, con tres cuartas partes de estos niños siendo relegados a aulas separadas. El Comité instó al gobierno a adoptar un enfoque más inclusivo y a garantizar un acceso equitativo a la educación para todos los niños. La delegación argentina respondió que se está realizando un censo exhaustivo de niños con discapacidad, con el fin de fundamentar futuras políticas que promuevan su inclusión.

Uno de los puntos más sensibles fue el referido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra niños y adolescentes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. Según el informe, el 67% de los casos de violencia sexual en Argentina afecta a niños y adolescentes. En ese sentido, el Comité expresó su preocupación por la reducción de los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género y el abuso sexual infantil. El informe recomendó que el gobierno desarrolle una estrategia nacional para prevenir la violencia doméstica contra los niños y que elimine el plazo de prescripción para los casos de abuso sexual durante la infancia.

Asimismo, el Comité hizo un llamado urgente para que se fortalezcan las instituciones encargadas de combatir la discriminación y se garantice la plena aplicación de leyes como la Ley 26.892, que promueve la convivencia y aborda la conflictividad social en las instituciones educativas.

El informe concluye instando al gobierno argentino a tomar medidas inmediatas para garantizar que los fondos destinados a la infancia se apliquen de manera eficiente y que se reduzcan las desigualdades territoriales en la provisión de bienes y servicios públicos. Además, se recomienda reforzar los mecanismos de control y reducir la corrupción en los procesos de contratación pública.

El Comité solicitó que el Estado argentino informe periódicamente sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de los niños y adolescentes, en un contexto de creciente pobreza y exclusión. El gobierno argentino deberá responder a estas observaciones en futuras evaluaciones y presentar informes que detallen los avances realizados en la implementación de las recomendaciones del Comité.