El regimiento del horror: encontraron en el celular de un exjefe del ejercito pornografía infantil
En el Escuadrón número 2 del Ejército con asiento en Gualeguaychú se acumulan varios casos de denuncias de abusos sexuales contra personal militar femenino perpetrados desde 2016. En el marco de esa investigación, peritaron el teléfono de un exjefe de la unidad que se encuentra detenido y encontraron más de 200 videos sobre niños y niñas abusados. Piden que el imputado sea indagado por este hecho.
El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, le solicitó a la Justicia que cite a declaración indagatoria al exjefe del Escuadrón de Caballería Blindada número 2 del Ejército, ubicado en esa ciudad de Entre Ríos, por tenencia de material sobre pornografía infantil. En esa misma unidad militar ya se denunciaron varios casos de abusos sexuales en perjuicio de personal femenino que determinaron detenciones.
La solicitud fue formulada por Rebollo, fiscal subrogante en esa ciudad, ante el magistrado federal Hernán Viri para que convoque a declarar a un mayor que estaba a cargo de la unidad y que actualmente se encuentra detenido y procesado en una causa en la que se investigan abusos sexuales contra soldadas voluntarias, cometidos desde 2016.
En el contexto de la investigación, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval realizó un análisis del contenido hallado dentro del celular que utilizaba el excomandante de la unidad, que había sido secuestrado en un allanamiento realizado en abril del año pasado.
En ese dispositivo se hallaron “imágenes y videos de contenido sexual que involucraban a niños y niñas y que habían sido descargados a través de una aplicación de mensajería”, según consignó el sitio “Fiscales”, dependiente de la Procuración General de la Nación.
En función de esta evidencia, la Fiscalía, que asumió en junio de este año la instrucción de la investigación, ordenó que se realice “un exhaustivo análisis de toda la información obrante” con el propósito de obtener “cualquier tipo de indicio, atisbo o prueba que demuestre que el material con contenido sexual infantil hubiera sido ofrecido, comercializado, publicado, facilitado, divulgado o distribuido”.
Así, Rebollo requirió la intervención de personal especializado de la División Infraestructura de Sistemas de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina. Además, el funcionario del Ministerio Público Fiscal orientó la investigación “a fin de verificar a otros usuarios que hubieran sido integrantes del grupo de la aplicación de mensajería donde se habría recibido y descargado el material”.
También se solicitó “la confección de un listado donde se detalle con exactitud la cantidad de archivos con contenido sexual infantil que se observen”. El 17 de julio, la fuerza federal remitió un informe donde detalló que se encontraron 318 eventos de “contenido sexual infantil”.
En el teléfono del oficial del Ejército que se encuentra imputado se encontraron 69 imágenes y 249 videos y Prefectura estableció que ese material existía “una importante cantidad de imágenes y videos de niños y niñas menores de 13 años”. Por otra parte, comunicaron que la aplicación desde donde se recibieron los materiales fue borrada.
En el mismo informe, se señaló que en los tres días de 2019 donde se habría descargado el material, el celular estaba en poder del imputado.
La fiscalía pidió que se llame al exjefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 a indagatoria por el delito de “tenencia en su poder de representaciones (material fotográfico y videos) con contenido sexual explícito (pornográfico) en el que participan menores de dieciocho años”.
“Con tan solo observar un segundo cada archivo, cualquier persona con valores y de manera objetiva, reconoce que se trata de niñas y niños indefensos de muy pocos años de edad”, señaló el fiscal.
En abril del año pasado, el jefe de esa unidad y el suboficial Víctor Hugo Mercado fueron detenidos por encubrimiento de tres denuncias por casos de abusos sexuales sufridos por efectivos femeninos.
En mayo de este año y por estas agresiones, el juez Viri ordenó detuvieron a un exsoldado que había sido denunciado por agredir sexualmente a una militar en febrero. La víctima de 23 años denunció haber sufrido una violación en el sector de duchas de la unidad, cuando se encontraba de guardia que se perpetró el pasado 24 de abril.
Posteriormente el agresor solicitó la baja de la fuerza. A diferencia de lo ocurrido en los casos de abuso sexual denunciados previamente en este cuartel, el jefe de la unidad, el mayor Tomás de Vergara, acompañó a la mujer a radicar la denuncia en Fiscalía.
El primer caso de abuso denunciado en esta unidad data de julio de 2016, cuando un suboficial imputado ingresó a un baño donde se encontraba la víctima e intentó besarla por la fuerza.
Posteriormente, estando de turno en el casino, el efectivo se le acercó y comenzó a insistirle para que saliera con él, y ante este acoso, la víctima insistió para que se retire.
Otro de los hechos denunciados ocurrió en enero de 2021, cuando un compañero de la víctima le avisó que el suboficial había utilizado las cámaras de seguridad para filmarla mientras ella se encontraba en la pileta del casino tomando sol con su familia.
Esas filmaciones fueron compartidas con otras personas y la víctima relató que intentó conseguirlas, pero le dijeron que había una orden para que esas pruebas no pudieran llegar a sus manos y que podía haber sanciones si eso ocurría. Como consecuencia, la denunciante sufrió convulsiones por los nervios y debió ser internada.
El 27 de septiembre de 2021, la víctima amplió su denuncia y dijo que las medidas dispuestas no se respetaron, que el hombre le realizaba burlas cada vez que ella pasaba cerca y reiteró que tenía mucho miedo.
La causa primero tramitó en la justicia provincial hasta que en septiembre de 2021, la fiscal se declaró incompetente y la causa fue recibida en el Juzgado Federal de Gualeguaychú que delegó la investigación al MPF.
En ese contexto, la fiscalía -inicialmente a cargo de la fiscal Minatta y luego de su colega Pedro Rebollo- dispuso distintas medidas de prueba tendientes a acreditar los hechos denunciados