El juicio contra Leonardo Cositorto en Goya, Corrientes, tomó un giro inesperado esta semana cuando, a pesar de un acuerdo económico entre los 98 damnificados y los imputados, el Tribunal decidió no dar por finalizado el proceso judicial. El monto exacto del acuerdo se mantiene en secreto, pero trascendió que incluiría una compensación en dólares e inmuebles.

Todo comenzó el pasado viernes 18 de octubre, cuando el presidente del Tribunal, Ricardo Carbajal, dictó un cuarto intermedio debido a la posibilidad de un acuerdo económico entre las partes. Durante ese tiempo, las negociaciones avanzaron y finalmente, el lunes, se confirmó que se había alcanzado un pacto que solo necesitaba la aprobación formal de las víctimas.

El abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, había declarado que el acuerdo no implicaba un reconocimiento de la estafa. “Reparar el daño no es admitir que hubo una estafa, sino aceptar que hay damnificados”, explicó Dragotto. Según él, el principio del acuerdo se basaba en una compensación proporcional al perjuicio sufrido, mayormente en términos dinerarios. Sin embargo, insistió en que esto no significaba que su cliente admitiera responsabilidad en los hechos.

Ricardo Carbajal fue claro desde un principio: los medios alternativos de resolución de conflictos, como un acuerdo económico, tienen un límite de tiempo. “No se pueden tramitar las dos vías al mismo tiempo, porque implica un dispendio de recursos humanos y económicos”, señaló el magistrado el pasado lunes, subrayando la necesidad de resolver la cuestión en plazos específicos.

Sin embargo, pese a que los damnificados dieron el visto bueno al acuerdo presentado por su abogado este miércoles, la Justicia decidió continuar con el juicio. Esto significa que, a pesar de la voluntad de las partes de cerrar el conflicto fuera de los tribunales, el proceso legal sigue su curso, al menos por ahora.

Este tipo de acuerdos económicos, aunque comunes en procesos de índole contractual o comercial, no siempre son aceptados por la Justicia en casos que involucran delitos de estafa. El Tribunal podría estar buscando un precedente que siente una diferencia clara entre las disputas contractuales y los delitos penales, lo que explicaría su decisión de no cerrar el caso tras el acuerdo.

El juicio, que ya lleva varias semanas de desarrollo, se esperaba que concluyera con el pacto, pero el Tribunal de Goya tiene la última palabra y hasta ahora, parece inclinado a llegar a una sentencia definitiva. Esto mantiene a Leonardo Cositorto y los otros imputados bajo la lupa judicial, y genera incertidumbre sobre el futuro del caso.