Gastón Ayala Aquino. de 36 años, estaba detenido sin condena, a la espera de un juicio oral, en la Unidad Penal Nº1 de Olmos. Padecía un cuadro epiléptico que no era tratado adecuadamente en la cárcel. 

El 1º de agosto de 2016 sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros intentaron llevarlo a sanidad, pero un grupo de agentes penitenciarios demoró intencionalmente la asistencia, lo golpeó salvajemente y le realizó maniobras de asfixia hasta provocar su muerte, según la investigación de la fiscalía.

Por ese motivo nueve integrantes del SP bonaerense son juzgados desde hoy por el Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata, en un juicio por jurados, que resolverá sobre la responsabilidad de quienes provocaron la muerte de Ayala Aquino.

De acuerdo con un informe de Andar Agencia, serán 10 jornadas de juicio consecutivas hasta el 30 de octubre, cuando se produzca el veredicto. La CPM patrocina a la familia de la víctima, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.

Los detalles de la causa

Los ataques de epilepsia de la víctima surgieron a partir de un accidente doméstico que había sufrido Ayala durante su adolescencia y para evitarlos debía tomar todas las mañanas la medicación correspondiente. Pero en la cárcel no tomaba la medicación en forma regular.

Entre las 8 y las 9:10 del 1° de agosto de 2016, Gastón sufrió un ataque de epilepsia en su celda de la unidad penal. En ese momento sus compañeros pidieron al encargado de pabellón que los dejara trasladar a Ayala hasta sanidad, por lo que debían bajar desde el tercer piso a la planta baja hasta un sector llamado “la rotonda”, que mediante pasillos conecta distintas dependencias de la cárcel, entre ellas la enfermería.

“Al llegar con el joven cargado en una manta les informaron que debían aguardar a que desocupara un médico se y fue allí que un grupo de agentes penitenciarios intentó reducir a Ayala –que pedía ayuda desesperadamente- y comenzó a golpearlo con golpes, patadas y una llave en el cuello que terminó provocando su muerte minutos después”, dice la agencia.

“Según los testigos, los penitenciarios golpearon a Ayala Aquino durante todo el recorrido hacia la zona de control, donde luego lo ingresan a la oficina del jefe del penal, el imputado Rafael Herrera. Allí adentro continúan los golpes y torturas. Aunque ninguno de los detenidos pudo observar esa secuencia final porque ocurrió a puerta cerrada, pero sí oyeron los gritos y los ruidos hasta que alguien les ordenó que regresaran a las celdas”, agrega el sitio.

Con la participación del magistrado Ezequiel Medrano como juez técnico, la primera jornada comenzó a las 10 de la mañana con la selección de los 12 jurados titulares y 6 suplentes, para luego proseguir con las instrucciones preliminares y la presentación de los alegatos de apertura de las partes.

Los acusados

Los imputados por el delito de imposición de tortura agravada por el resultado de muerte son nueve: Rafael Ezequiel Herrera (el jefe del penal de aquel momento), Juan Ignacio Tocci, Santiago Barrios Rivero, Mariano Oscar Silva Urbieta, Matías Wernicke, Mario Abel Ardiles, Emanuel Vallejos, Eliseo Oriel Porta y Sergio Ariel Ceballos.

“Esperamos que terminen presos, particularmente el jefe del penal, Herrera, que cuando llegué a reconocer el cuerpo de mi hijo me hizo esperar hasta el otro día, seguramente con el objetivo de preparar su historia y ocultar las pruebas de lo que habían hecho”, afirmó a ANDAR Ricardo Ayala, padre de la víctima.

“Incluso, me hizo pasar a su oficina, me dijo que fumara si quería y me trató de un modo excesivamente respetuoso. Fue gracias a una mujer de la morgue de La Plata que empezamos a dudar de lo que realmente había ocurrido. Esa médica nos dijo que no asumiéramos la versión de los penitenciarios porque mi hijo había muerto por asfixia mecánica”, agregó.

En efecto, y tal como se ventilará en el juicio, los agentes penitenciarios trataron de ocultar las circunstancias de la muerte de Gastón a través de falsedad ideológica de instrumentos públicos y declaraciones testimoniales falaces, con el fin de eludir su responsabilidad directa en el hecho.