El titular del Juzgado Número 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó procesar a nueve personas, incluido un funcionario de la Aduana, por contrabando de elementos electrónicos y teléfonos de alta gama que se utilizaban para la captación de juegos de azar en línea, sin contar con la debida autorización.

Por medio de estas maniobras, los acusados –cinco de ellos con prisión preventiva- ponían en circulación dinero proveniente de actividades ilícitas, lo que motivó al juez a imponerles embargos que oscilan entre los 100 y los 10 millones de pesos.           

Fuentes de la Procuración General de la Nación consignaron que el magistrado dispuso además la prohibición de salida del país de tres personas y citó a prestar declaración indagatoria a otro imputado, mientras que otras dos personas permanecen prófugas.

En la causa interviene la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, quien en la investigación cuenta con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), cuya titular es el fiscal general Horacio Azzolin.

Esta oficina contribuyó a brindar “las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange --de intercambio-- de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez”, señalaron voceros judiciales, que consignaron además que la Aduana se presentó como querellante.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal por medio de un correo electrónico. En esa comunicación se suministraron nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos, con posible vinculación de funcionarios de la Aduana.

Con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, intervenciones telefónicas y medidas de carácter patrimonial, la fiscalía solicitó la ampliación del objeto procesal por “la posible comisión de otros delitos, tales como el lavado de activos y la promoción de casinos clandestinos en línea”.

Dos de los imputados fueron procesados por el delito de lavado de activos, ya que siguieron ejecutando las maniobras luego de ser convocados a prestar declaración indagatoria.

A fin de aclarar el alcance de la figura de lavado de activos con la utilización de criptomonedas –-medida en la que habían incurrido los imputados--, el juez tuvo en cuenta la incorporación, dentro de los elementos típicos de la figura de lavado de activos, de la mención de “otros activos”, así como la expresa definición de “activo virtual”.

Otros dos imputados están acusados además por el delito de administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador, que este caso le correspondería a la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

Voceros allegados a la causa indicaron que los acusados habían dispuesto una distribución de roles y llevaban adelante diversas conductas en forma conjunta y alternada. En ese sentido, se habrían valido de la creación de al menos diez sociedades, algunas de ellas aparentemente sin actividad real.

“La asociación aquí conformada, desde tiempo incierto, pero al menos desde el transcurso del año 2020, ha conformado esta empresa criminal tendiente a desarrollar múltiples maniobras ilícitas que también son objeto de la presente investigación, siendo importante destacar que esta sociedad tuvo una continuidad ininterrumpida a lo largo del tiempo, tal como surge de los elementos hasta ahora recabados”, subrayó el juez en su resolución.

Además de la importación, ofrecimiento y venta al público de aparatos de tecnología y teléfonos celulares de alta gama, en infracción al Código Aduanero, los activos ilícitos provendrían también del juego clandestino en línea.

El principal acusado de la organización -que permanece prófugo- junto a dos hijos -uno de ellos también en rebeldía-, y una persona más, son parte del grupo que está imputado por haber administrado una página web de juegos de azar sin autorización.

Al menos desde el pasado 1° de octubre, los acusados gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, a través de los cuales se promocionaba esta actividad ilegal para captar apostadores.

El juez Inchausti destacó en la resolución la creciente preocupación social frente a la proliferación del juego ilegal en línea, principalmente entre las personas menores de edad, lo que ha llevado a distintos actores sociales a adoptar medidas sobre este fenómeno.

Al dictar los procesamientos, el magistrado tuvo en cuenta las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional relacionado para Latinoamérica (GAFILAT), y destacó la estrecha relación entre este tipo de actividades con la criminalidad financiera.

Entre estas maniobras, “se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, lo que, de acuerdo a la valoración de la prueba reunida, fue dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios”.

Entre otros aportes, la UFECI contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez.

Según la pesquisa, también se realizaron este tipo de operaciones con cuentas de terceros. Por ejemplo, se identificaron maniobras en USDT o Tethe -una criptomoneda de la especie de los stablecoin, que, por su característica de ser estable y no volátil como otras del género, mantiene una paridad cercana al 1 a 1 con el dólar- por sumas que alcanzan 700 mil, 1 millón y hasta 7 millones, en una cantidad variable de operaciones.

Según la valoración realizada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el juzgado federal, estos movimientos de dinero y el nivel de vida de los acusados “no se encontrarían justificados a partir de una actividad legal y registrada, ni con la situación patrimonial declarada ante los órganos de fiscalización”.

El juez reparó en el uso de billeteras virtuales, que en principio quedan fuera del sistema bancario tradicional, y la ausencia de controles que se verifican sobre estas cuestiones.

“El uso de criptoactivos (…) facilita el pseudo anonimato de las operaciones realizadas, la difícil trazabilidad y la posibilidad de operar transnacionalmente con los fondos sin ningún tipo de restricción”, subrayó Inchausti.