La semana pasada, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, emitió dictamen del proyecto que busca asegurar la continuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir un 50% este tipo de situaciones. 

A pesar de estos números, en abril pasado el Gobierno, acorde a su agenda contra los derechos sexuales y reproductivos, decidió la finalización de más de 600 contratos profesionales del programa ENIA, que brindaban servicios gratuitos de consejería para garantizar el acceso de métodos anticonceptivos y a la interrupción del embarazo. El Plan funcionaba en doce provincias, en las jurisdicciones con los indicadores más altos de embarazos en mujeres de entre 10 y 19 años en el país.

Con el objetivo de brindar datos y argumentos sobre los resultados positivos que arrojó el Plan ENIA, Amnistía Internacional presentó un documento y envió una hoja informativa para colaborar con legisladores nacionales. 

Números que preocupan

Según advirtieron en el informe, cada año en el país más de 40.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convierten en madres en el país. Entre ellas, una cifra superior a mil no alcanza los 15 años de edad, por lo que se entiende que, cada día, 3 niñas de 10 a 14 años se convierten en madre en el territorio argentino.  

Asimismo, con respecto a cómo repercute esta problemática en la educación, destacan que solo 4 de 10 las adolescentes que tienen un hijo logran completar la escuela secundaria. "El Estado tiene la obligación de: asegurar que las y los jóvenes cuenten con información, educación y acceso a la salud para que puedan decidir libremente su futuro”, indico Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

A pesar del slogan de La Libertad Avanza de que “no hay plata” y pensando en los términos económicos que plantea el Gobierno, Amnistía señaló que el costo del plan es de 17,5 millones de dólares. Sin embargo, según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los efectos indeseados del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre la actividad productiva de las mujeres es de USD 568 millones. Esto significa que si el Estado invirtiera en prevenir los embarazos adolescentes los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PIB.

A su vez, la pérdida de ingresos para las mujeres y el consecuente costo que tiene para el Estado argentino el abandono educativo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana es de 288 millones de dólares. Además, el Estado destina USD 200 millones en atender el embarazo, parto, postparto y los recién nacidos de madres adolescentes.

A partir del documento presentando por Amnistía Internacional, En 2017 las altas cifras de embarazo en niñas y adolescentes menores de 20 años duplicaban el escenario actual. Entre 2018 y 2021, el Plan contribuyó a la reducción de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en un 49%.

El debate en el Congreso

Luego de que el gobierno comenzara a desmantelar el programa, un grupo de legisladores comenzó a trabajar para la continuación del mismo y para jerarquizar el Plan que se puso en marcha en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. 

En junio pasado, especialistas expusieron en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados para alertar sobre los riesgos de la eliminación del plan. El ex secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENAF), Gabriel Castelli, señaló que ”este programa permitió un acertado diagnóstico sobre la importancia que tenía en la vida de los adolescentes esta problemática”.

Por su parte, Paula Zingoni, subsecretaria de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que “se trata de una política pública que trasciende a tres Gobiernos”, al aseverar que “le estamos dando continuidad a este Plan ya que lo consideramos importante porque centra a los adolescentes en el marco de una mirada de salud integral, inclusiva, e implica mejoras para el desarrollo de la sociedad”.

Tras semanas de debate, se logró el dictamen de mayoría consensuado entre los proyectos de las diputadas de Unión por la Patria, Blanca Osuna, y de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y que fue avalado por la UCR. El PRO respaldó una iniciativa de la legisladora Silvia Lospennato. 

Desde La Libertad Avanza, el vicepresidente de la Comisión, Manuel Quintar, anunció el rechazo a convertir en ley este programa al considerar que "no es necesario legislar sobre el programa que está vigente".

El presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, destacó el programa y señaló que es necesario convertirlo en ley porque algunas provincias tienen "menor llegadas de insumos", con lo cual la “posibilidad de hacerlo ley de alguna manera nos garantiza que se mantenga en el tiempo”. Ahora los dictámenes deberán superar el filtro de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en busca de que el tema sea llevado luego al recinto.