La economía argentina sigue siendo un terreno complicado para millones de ciudadanos que, bajo el gobierno de Javier Milei, ven cómo sus condiciones de vida se deterioran. Los inquilinos, la clase media y los jubilados son los sectores más afectados por el incremento en los costos esenciales, que parecen no dar tregua. Según el último informe del INDEC, en agosto de 2024, una familia de cuatro integrantes necesitó $939.887 para no ser considerada pobre. Este monto, que implica un aumento del 4,4% respecto de julio, pone de manifiesto el impacto de la inflación que sigue golpeando con fuerza.

El problema se agrava cuando se suman los costos de alquiler y expensas. La ONG Inquilinos Agrupados calculó la "Canasta Inquilina", que añade estos gastos a la Canasta Básica Total. El resultado es alarmante: una familia tipo necesita al menos $1.655.425 para cubrir los costos mensuales. Este cálculo incluye un aumento del 8,73% en los precios de alquiler en agosto, lo que significa un ajuste superior al IPC general del 4,2%.

La situación de los inquilinos es crítica, pero no es el único sector en problemas. La clase media también siente el impacto de la inflación y el aumento en el costo de vida. En agosto, una familia de cuatro integrantes en la Ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos de entre $1.201.454 y $1.501.818 para ser considerada parte del "sector medio frágil". Para mantenerse en la categoría de clase media, los ingresos debieron superar los $1.501.818. A pesar de estos números, el salario mínimo vital y móvil sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que genera una presión creciente sobre los trabajadores formales e informales que no logran hacer frente al alza de precios.

Por otro lado, los jubilados son siempre uno de los grupos más vulnerables. La decisión del gobierno de vetar la reforma jubilatoria dejó a este sector sin la actualización de haberes que buscaba atenuar el impacto de la inflación. La jubilación mínima, que ronda los $230.000, está lejos de cubrir los costos de la Canasta Básica Total, lo que empuja a una gran parte de los adultos mayores a situaciones de pobreza. En agosto, la CBT para un adulto mayor fue de $304.170.

El panorama se agrava aún más con la reciente medida del gobierno de eliminar la cobertura de medicamentos esenciales para jubilados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) determinó que varios medicamentos, como el Omeprazol y el Pantoprazol, dejarán de tener descuentos por obra social o prepaga. Estos medicamentos son fundamentales para tratar afecciones gástricas crónicas, y su exclusión de los beneficios implica que los jubilados deberán asumir el costo completo, lo que agrava su ya frágil situación financiera.

Las decisiones recientes del gobierno en torno a la cobertura de medicamentos no son un hecho aislado. Hace meses, se eliminó la cobertura de otros fármacos esenciales, lo que generó un impacto significativo en el bolsillo de los jubilados, quienes no solo deben lidiar con una jubilación insuficiente, sino también con el creciente costo de tratamientos médicos. Este tipo de recortes se suman a un contexto económico donde el poder adquisitivo se reduce mes a mes, y las medidas paliativas no logran aliviar la presión sobre los sectores más vulnerables.

Al mismo tiempo, las expensas, un gasto fundamental para los inquilinos, se duplicaron en agosto, alcanzando en promedio los $150.000 mensuales en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que las expensas ya no son un costo menor, sino un factor que aumenta significativamente la carga económica sobre los hogares que alquilan. El costo de la vivienda y los servicios públicos sigue siendo uno de los componentes que más afectan la inflación, con subas en tarifas de electricidad, gas y agua que en agosto aumentaron un 7%.

El gobierno enfrenta críticas constantes por no poder mejorar el poder adquisitivo de la población pese a los números “bajos” de inflación. En un escenario donde los aumentos salariales están muy por debajo del alza en los precios, los sectores más golpeados, como los inquilinos, jubilados y la clase media, ven cómo sus condiciones de vida se deterioran de manera sostenida. La falta de políticas efectivas para contener el costo de vida y proteger a los más vulnerables es una constante en un contexto de crisis económica.

A este panorama se suman los recientes aumentos en las tarifas de luz y gas, que comenzaron a aplicarse desde agosto. Esto representa una nueva carga para los hogares, que deben afrontar facturas de servicios públicos cada vez más caras. Según las empresas distribuidoras de electricidad y gas, el aumento afecta a todos los usuarios, aunque con diferencias según la categoría de ingreso y el nivel de subsidio. Para aquellos con ingresos más bajos, los subsidios mantienen un alivio parcial, pero quienes pertenecen a la clase media se ven forzados a pagar la mayor parte del costo de estos servicios. En el caso de la electricidad, los hogares de nivel 1, sin subsidios, pueden enfrentar facturas que superan los $60.000 mensuales, mientras que los de nivel 2, con subsidios parciales, aún logran un alivio en sus pagos

El gas también sufrió aumentos similares, con ajustes que rondan el 4% en promedio. Para los usuarios de nivel 1, los costos son los más altos, mientras que aquellos con ingresos medios y bajos mantienen descuentos que reducen el impacto. No obstante, los subsidios están limitados por topes de consumo, lo que significa que cualquier hogar que supere los límites establecidos deberá pagar la tarifa completa​

Las proyecciones para los próximos meses no son alentadoras. El impacto de la inflación y los recortes en salud y jubilaciones seguirán afectando a los sectores más desprotegidos. Los medicamentos, una necesidad básica, continúan quedando fuera del alcance de muchos jubilados. Los alquileres siguen aumentando y las expectativas de mejora en el corto plazo son prácticamente nulas. Mientras tanto, el gobierno no parece tener una respuesta clara para mitigar los efectos de esta crisis.