El sistema de salud en Argentina enfrenta una de las peores crisis de su historia, exacerbada por los recortes promovidos por la gestión de Javier Milei. La búsqueda del equilibrio fiscal, que el gobierno ha defendido como una prioridad, ha tenido efectos directos en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. Un claro ejemplo de esto es el ajuste en el PAMI, la mayor obra social del país, que atiende a más de 5 millones de jubilados. El recorte en la provisión gratuita de medicamentos ha generado preocupación entre los beneficiarios, especialmente aquellos con ingresos más bajos.

Según datos oficiales, el PAMI representa el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra considerable dentro del presupuesto total del Estado. Sin embargo, los recortes se han focalizado en medicamentos esenciales para adultos mayores, eliminando 47 principios activos, incluidos antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos utilizados para tratar afecciones crónicas. Esta medida impacta directamente en la calidad de vida de los jubilados, muchos de los cuales dependen de estos fármacos para mantener su salud en condiciones controladas.

El ajuste no se limita solo a los jubilados. El sistema de salud público, que ya estaba sobrecargado, también está sintiendo los efectos del déficit fiscal que promueve la gestión actual. Con más del 60% de la población bajo el régimen de obras sociales, y un 13,6% en el sistema privado, los hospitales públicos son la principal alternativa para los 16 millones de argentinos sin cobertura médica. No obstante, los hospitales públicos están viendo cómo se congelan o disminuyen sus presupuestos, afectando directamente la capacidad de brindar atención de calidad.

Las cifras son alarmantes: de los 3.174 hospitales, clínicas y sanatorios en el país, el 55% son privados, y muchos de ellos están en riesgo de cierre. Según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), al menos 1.670 prestadores privados enfrentan una situación crítica debido al aumento de costos y la reducción de aportes por parte del Estado. Esta situación está polarizando el sistema de salud, donde cada vez más personas deben migrar hacia la atención pública, lo que sobrecarga aún más a los hospitales provinciales y municipales, que constituyen el 95,7% de los nosocomios públicos del país.

Cuál es el verdadero impacto de los recortes en el sistema de salud bajo la gestión de Javier Milei

En este contexto, la diferencia en las prestaciones que reciben los ciudadanos según la provincia donde residen es cada vez más evidente. Provincias como Buenos Aires, con la mayor cantidad de centros de salud, ofrecen una atención significativamente superior en comparación con regiones más alejadas del centro del país. Esta disparidad, combinada con la creciente demanda en los hospitales públicos, genera largas esperas y menor capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

El ajuste fiscal también ha provocado una disminución en la capacidad de los hospitales públicos para atender enfermedades crónicas y realizar procedimientos de alta complejidad. Los especialistas han advertido que la falta de recursos está afectando la prevención primaria, la detección temprana y la atención de enfermedades crónicas, lo que podría desencadenar un aumento en las tasas de mortalidad en los próximos años. El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, admitió que "hay una emergencia sanitaria declarada desde hace más de 20 años en la Argentina", pero la situación actual agrava esa crisis preexistente.

En términos presupuestarios, el gobierno de Milei ha destinado alrededor del 4,5% del PBI al sector salud, una cifra inferior al promedio de los países de la región, como Brasil (9,1%) y Chile (8,3%). Este porcentaje resulta insuficiente para un país con una población envejecida y en crecimiento, donde la demanda de servicios de salud continúa aumentando año tras año. Los expertos han advertido que esta reducción en el gasto público podría tener consecuencias catastróficas a largo plazo si no se implementan medidas correctivas.

Por otro lado, el financiamiento de las obras sociales sindicales y del PAMI también está en peligro. En el caso del PAMI, además de los recortes en medicamentos, se ha comenzado a hablar de posibles reducciones en las prestaciones de alta complejidad, lo que afectaría a miles de jubilados que dependen de tratamientos costosos como diálisis, cirugías y terapias oncológicas. El secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), Héctor Daer, advirtió que “habrá que tener una discusión política sobre el financiamiento del PAMI”, ya que la actual situación es insostenible a largo plazo.

Además, los aumentos en las cuotas de las prepagas, que alcanzaron un 115,7% entre diciembre y marzo, han empujado a más de 200.000 personas a abandonar el sistema privado y regresar a la atención pública o sindical. Este fenómeno agrava aún más la situación de los hospitales públicos, que deben absorber una demanda creciente con recursos cada vez más limitados.

El diagnóstico es claro: la política de ajuste fiscal, combinada con la falta de inversión en el sector salud, está generando un colapso inminente en el sistema sanitario argentino. Sin una estrategia de financiamiento sostenible y sin medidas concretas para fortalecer el sistema público, las consecuencias para la población serán cada vez más graves. El desafío que enfrenta la gestión de Milei es monumental, y los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo del sistema de salud en el país.