Advierten que las provincias deberán reestructurar sus deudas el año próximo
Más allá de que Córdoba logró un amparo para hacerse de dólares en el mercado oficial, las perspectivas no son favorables para el 2024.
A pesar de que las 14 provincias que tienen deuda emitida en dólares no deberían tener problemas en cumplir con las restricciones de acceso a dólares que les impuso el Banco Central, la calificadora Moody’s advirtió que en 2024 algunas podrían verse forzadas a reestructurar vencimientos.
En el análisis, Moody’s Investors Service señala que “esas restricciones reducen severamente el apetito de los inversores por deuda provincial argentina".
El análisis de la consultora se conoció horas antes de que el Juzgado Federal de Córdoba 2 ordenara este martes la suspensión de la restricción al acceso del dólar oficial a las provincias, para que puedan pagar sus deudas. Luego del fallo, se espera que varias provincias se presenten a la justicia para acceder al dólar oficial.
Moody’s indica que "de prorrogarse, la medida limitará considerablemente las opciones de financiación de los gobiernos locales y regionales y forzará a las provincias con posiciones débiles en moneda extranjera y obligaciones de deuda significativas a recurrir a procesos de reestructuración de deuda hacia 2024″.
Moody’s fue más allá al asegurar que “la Comunicación “A” 7782 del Banco Central refleja la materialización de los riesgos de conversión de monedas ya existentes en el contexto actual".
"Si bien no tiene un impacto inmediato en las métricas financieras de los emisores subsoberanos de Argentina, en el mediano plazo este tipo de medidas podría afectar negativamente el perfil crediticio de algunos gobiernos locales debido a los costos incrementales que impondrían las eventuales refinanciaciones y/o la obtención de divisas para honrar los compromisos asumidos”, dice la nota.
Un relevamiento de la consultora Quantum Finanzas precisa que, entre capital e intereses, los vencimientos entre junio y diciembre alcanzan a US$ 949 millones (US$ 443 millones de capital y US$ 505 millones de intereses) para cuyo pago los gobernadores y sus ministros de Hacienda daban por seguro hasta el miércoles pasado que se mantendrían las condiciones de acceso al mercado oficial.