El próximo lunes vence el decreto firmado en enero por Victoria Villarruel que frenó los aumentos en las dietas del Senado. Si los legisladores no llegan a un acuerdo, sus sueldos superarán los $9 millones brutos desde abril. La vicepresidenta ya anticipó que, a diferencia de lo ocurrido a principios de año, no podrá intervenir, ya que la decisión ahora depende exclusivamente del cuerpo legislativo.

Hasta el momento, sólo José Luis Juez (PRO-Córdoba) y José Carambia (Santa Cruz) presentaron una nota para que no se aplique la actualización. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, no es posible frenar la suba, ya que los senadores no pueden rechazar el aumento, solo donar el excedente de sus ingresos si así lo desean.

En la Cámara Alta explican que, pese a la polémica, el impacto real del aumento será menor. Según los cálculos de los legisladores, la mejora en los ingresos de bolsillo apenas llegaría a $300.000, ya que actualmente perciben un neto de $5,4 millones, mientras que el salario básico se encuentra en $4,9 millones y la suma por representación es de $1,7 millones.

El detonante de la situación fue la decisión de fijar los sueldos de los senadores en 2.500 módulos, siguiendo el esquema de los empleados legislativos, más 1.000 módulos por representación y 500 por desarraigo. Como las paritarias del Congreso se actualizan periódicamente, las dietas de los senadores aumentan de manera automática cada vez que hay una nueva suba.

A partir de abril, los senadores percibirán un incremento del 6,6% correspondiente a julio y agosto del año pasado, más un 6,13% adicional del último trimestre de 2024. Además, en enero cobraron el sueldo 13, un bono extra de $2,5 millones que equivale a un aguinaldo encubierto. La última vez que se trató el congelamiento de las dietas fue en agosto, cuando 65 legisladores votaron a favor de la medida.

Villarruel ya advirtió que su intención es mantener el congelamiento "en sintonía con el esfuerzo del Ejecutivo", según señalaron desde su entorno. En diciembre pasado, cuando venció la resolución anterior, la vicepresidenta intentó llevar el tema al recinto, pero ante la falta de consenso decidió prorrogarlo por decreto, una herramienta que ahora no podrá utilizar.

El jueves, cuando los senadores se reúnan para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, la discusión sobre los sueldos se colará en la sesión. Mientras tanto, en el Congreso se vive otro conflicto: el de los trabajadores legislativos, que desde diciembre de 2023 acumulan una pérdida de más del 65% frente a la inflación. La Asociación del Personal Legislativo (APL), liderada por Norberto Di Próspero, sigue en negociaciones paritarias, pero entre los empleados hay poca expectativa de que la mejora supere el 1,2%, un porcentaje que, de concretarse, también impactará en los senadores.