Uno por uno, los argumentos del Gobierno nacional contra la reforma constitucional de Jujuy
El ministro de Justicia, Martín Soria, presentó ante el máximo tribunal una acción declarativa de inconstitucionalidad, tal como había adelantado el Presidente. Cuáles son los artículos cuestionados y la respuesta de Gerardo Morales.
La reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura provincial, generó fuertes episodios violentos, como también cuestionamientos por parte del Gobierno nacional.
El propio Alberto Fernández había anunciado acciones contra la reforma. “La reforma votada viola la Constitución Nacional”, aseveró el mandatario en una conferencia de prensa.
Finalmente, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó este viernes una acción declarativa de inconstitucionalidad por considerar que el texto “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT”.
La acción presentada ante el máximo tribunal fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos; y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; a su vez, el cuerpo de la demanda recoge los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Kelly Olmos.
Uno de los artículos más problemáticos es el 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, el cual establece que el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros y “prohíbe los cortes de rutas y calles, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”.
Para el Gobierno, “la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95, argumentando que “durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa”.
El escrito presentado plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial y argumenta que “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
Esta semana, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al gobierno de Jujuy para que se investiguen “numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del gobierno de la provincia”.
Tras la noticia, Morales afirmó que se trata de un “intento de desestabilización en Jujuy” y que “lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”.
“Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo”, respondió desde su cuenta de la red social Twitter.