El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, reincorporó a 66 comedores sociales administrados por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros al Programa Alimentar Comunidad, luego de una orden judicial emitida por el juez Enrique Lavié Pico. La medida llegó tras meses de conflicto con organizaciones sociales que denunciaban la exclusión de estos espacios, muchos de ellos vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El fallo judicial se dio en respuesta a un amparo presentado por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que desde principios de año mantenían un litigio contra el Gobierno. La resolución obligaba al Ministerio a cumplir con la reincorporación en un plazo de 72 horas hábiles. Sin embargo, el conflicto desató un cruce de acusaciones entre el oficialismo y referentes sociales.

Desde la cartera que dirige Pettovello aseguraron: “Demostramos que nuestro obrar es siempre conforme a derecho, ratificando el compromiso asumido de honradez y eficiencia en la administración de los recursos”. Además, enfatizaron que 11 de los 77 comedores solicitantes no fueron incorporados al programa porque, según ellos, “no existen”.

En tanto, el dirigente Juan Grabois celebró la resolución judicial, aunque no sin críticas: “Un año para cumplir con esto; hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria”, expresó en su cuenta de X. El también ex precandidato presidencial calificó el fallo como “una pequeña victoria en un mar de crueldad”.

X de Juan Grabois

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, destacó que la resolución marca “el inicio de una lucha más grande para combatir el hambre y fortalecer a las comunidades”. Asimismo, señaló que la organización de los barrios populares es clave para enfrentar problemáticas como el avance del narcotráfico.

Este conflicto se suma a otros episodios judiciales recientes que obligan al Gobierno a garantizar el acceso a alimentos en sectores vulnerables. En octubre, el juez Walter Lara Correa emitió una resolución similar, aunque el Ejecutivo apeló el fallo. Desde el Gobierno defienden su gestión social y aseguran haber ejecutado más del 82% del presupuesto destinado a políticas alimentarias. También resaltan la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Prestación Alimentar como medidas de impacto directo.

Desde 2023, el Ministerio de Capital Humano implementó cambios en la gestión de los comedores comunitarios, eliminando la tercerización en la entrega de alimentos secos. En su lugar, se estableció un esquema de transferencia directa de fondos a los responsables de los espacios, quienes deben rendir los gastos para recibir nuevos aportes. Una auditoría previa reveló que cerca del 47% de los comedores del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre no existían, lo que justificó, según Pettovello, los cambios adoptados.

El debate sobre la eficacia y transparencia en la política social se profundiza en el contexto de un país donde la pobreza afecta a más del 40% de la población. Según datos oficiales, la demanda de ayuda alimentaria sigue en aumento, poniendo en tensión la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales.