El acceso a la alimentación, uno de los derechos más básicos, vuelve a quedar en el centro de una disputa judicial. El juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, intimó al Ministerio de Capital Humano a garantizar la incorporación de 66 comedores de la Asociación Civil "El Amanecer de los Cartoneros" a los programas de distribución de alimentos. La medida responde a un amparo presentado por el CELS y la UTEP.

El fallo establece un plazo de tres días hábiles para que el Estado cumpla con la orden, bajo amenaza de sanciones económicas. Según el magistrado, el ministerio no solo dilató los trámites necesarios, sino que incumplió con su responsabilidad frente a un derecho esencial. "No hay excusas para seguir postergando la entrega de alimentos. El tiempo transcurrido agrava una situación ya de por sí crítica", afirmó Lavié Pico en su resolución.

La situación tiene antecedentes. El pasado 31 de octubre, el juez Walter Lara Correa ya había ordenado al Ejecutivo garantizar la provisión de alimentos a los comedores populares. Sin embargo, la cartera encabezada por Sandra Pettovello apeló la medida, dejando en manos de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo la resolución definitiva del caso. Mientras tanto, cientos de familias que dependen de estos espacios enfrentan una incertidumbre constante.

El Ministerio argumenta que los convenios con la asociación habían vencido y que algunos espacios aún no cumplían con los requisitos del RENACOM. No obstante, documentos oficiales presentados en la causa señalan que ya se inició el trámite administrativo para su inclusión en el programa alimentario. Según las autoridades, en breve exigirán la documentación necesaria para completar el proceso.

Desde la Asociación Civil "El Amanecer de los Cartoneros", que representa a los trabajadores de la economía popular vinculados a la recolección y reciclado, aseguran que la falta de alimentos afecta directamente a más de 2.000 personas. "Nuestra comunidad no puede esperar mientras el Gobierno busca excusas administrativas. El hambre no tiene plazos", expresó uno de sus representantes.

La resolución judicial no solo representa un alivio para los comedores afectados, sino que abre un camino para otras organizaciones. Según lo dispuesto por el juez, cualquier comedor que haya estado activo hasta diciembre de 2023 puede reclamar su incorporación a los programas estatales. Esto incluye a espacios comunitarios que quedaron fuera por motivos similares.

En un contexto de creciente pobreza, las demoras estatales en la entrega de alimentos generan tensiones en el tejido social. El fallo establece un precedente clave al priorizar el derecho alimentario frente a las burocracias. Si el Gobierno cumple, la medida podría garantizar un alivio a cientos de familias que hoy dependen de estas redes comunitarias para sobrevivir.