El nuevo proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei abrió un frente de conflicto con las universidades nacionales, que anticipa un escenario complejo para la aprobación del mismo en el Congreso. El Gobierno destinó 3,8 billones de pesos a las casas de estudios, una cifra que representa poco más de la mitad de los 7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar su normal funcionamiento. La decisión de otorgar un monto inferior a lo requerido, sumado a la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) desde enero, provocó una reacción adversa en la oposición y en sectores académicos. 

Se espera que el recorte presupuestario impacte no solo en el ámbito académico, sino también en la relación del oficialismo con bloques aliados como la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, cuyo apoyo será clave para lograr la sanción de la ley de gastos y recursos. En este sentido, el diputado radical Julio Cobos criticó duramente la medida: "La educación no es prioritaria para este gobierno. Milei asegura que el mercado resolverá, pero ni la salud ni la educación pueden quedar a su suerte". Las palabras del legislador reflejan el creciente malestar que se percibe dentro de la oposición, donde se busca reponer el FONID sin éxito hasta el momento.

El reciente veto anticipado por Milei a la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado agravará aún más la situación. La norma buscaba ampliar en 738 mil millones de pesos el presupuesto universitario para 2024, una cifra que según el Poder Ejecutivo es insostenible en el actual contexto fiscal. Este veto, sumado a la subfinanciación para 2025, pone en alerta a las universidades y sindicatos docentes que ya anunciaron movilizaciones, como una nueva "marcha federal universitaria" programada para las próximas semanas.

A esto se suma la preocupación por la suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía una inversión consolidada del 6% del PIB en educación. El presupuesto 2025 destina un 5,7% del gasto nacional al sistema educativo, que incluye fondos para las universidades, el Plan Nacional de Alfabetización, el Progresar y comedores escolares. Si bien el Gobierno ha asegurado la continuidad de estos programas, la asignación presupuestaria proyectada sigue siendo insuficiente, según los rectores y la oposición.

Las universidades, que atraviesan una situación crítica, anticipan que los recursos asignados no serán suficientes para afrontar el próximo año académico sin comprometer salarios docentes, infraestructura y programas de investigación. Además, el proyecto del oficialismo contempla la atención de 1,5 millones de becas Progresar y la asistencia alimentaria a través de más de 12.000 comedores escolares, programas cuya efectividad dependerá de una correcta implementación que, a la vista del presupuesto asignado, también es cuestionada.

Este panorama se da en un contexto de constante tensión entre el oficialismo y la comunidad educativa. Los gremios docentes ya han advertido sobre nuevas medidas de fuerza en caso de que no se reviertan las políticas actuales. Además, con un Congreso fragmentado, el Gobierno enfrenta un escenario legislativo difícil, donde necesitará negociar con sectores críticos para avanzar con su plan de ajuste en las universidades.

El Presupuesto 2025, que deberá ser tratado en el Congreso en las próximas semanas, incluye partidas para distintos programas educativos, como el Plan Nacional de Alfabetización y el Progresar, pero mantiene la asignación de 3,8 billones de pesos para las universidades, lo que genera incertidumbre sobre el futuro académico del próximo año.