Ser buche: cuando el fascismo se alimenta de delaciones e infiltrados en organizaciones

Américo Balbuena tiene nombre de personaje de novela. Solo eso, el nombre, porque él es un personaje opaco cuyo rol más destacado es haber sido un aprendiz del engaño y el buchonaje. Calvo, menudo, forzadamente simpático aunque según dicen los que lo conocieron nunca sostenía la mirada. Una de esas personas que se retienen en la memoria con la misma celeridad con la que se las olvida; durante más de una década estuvo en centenas de manifestaciones, eventos y mitines cubriéndolas como periodista, entrevistando y tomando fotos. Esta semana la Cámara de Casación confirmó una sentencia en su contra.

Cuando llegó a la Agencia Rodolfo Walsh, en 2002, había estrenado hacía pocos meses su diploma de periodista y andaba con su grabador en por las calles porteñas. Dijo también ser corredor de una maderera de su cuñado y, en esos tiempos convulsos, nadie preguntó demasiado: se necesitaba mano de obra para contar lo que pasaba; todos los que trabajaban en la agencia eran militantes que no cobraban por su rol de prensa, y que incluso ponían plata de su bolsillo.  Por otra parte Balbuena era un conocido de Rodolfo Grinberg, el fundador de la Agencia, con quien había compartido escuela y barrio allá lejos y hacía tiempo. 

Balbuena llegó incluso a pagar de su bolsillo -luego supimos que en realidad eran de otros pantalones- toda la cobertura que hizo el medio del No al ALCA en Mar del Plata y fue él quien pagó el sostenimiento de la web durante todo un año. 

Luego se supo, y lo contó Luciana Bertoia para Página 12, qué había hecho desde que Grimberg dejó de verlo por el barrio hasta que se lo cruzó en una marcha y lo invitó a ser parte de su equipo periodístico. Durante la dictadura Balbuena tuvo el sueño de ser ingeniero pero no logró pasar el examen de ingreso a la UBA; trabajó entonces como electricista hasta que un día -y por mediación de un amigo- entró al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Un sueldo seguro y lejos de los avatares del marketing para conseguir un cambio de enchufes, se unió a la fuerza cuando el gobierno de facto daba sus últimos estertores. La evaluación del comisario Juan Carlos Lahaye, jefe del departamento de Contrainteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, no fue de las más generosas, pero en aquel tiempo no eran demasiados los que querían unirse a una fuerza desprestigiada. 

Por pura persistencia, de todos modos, Américo se ganó dos diplomas al mérito, ya bien entrada la democracia: el primero en 1988 y el segundo en pleno menemismo, cuando ya hacía un tiempo había dejado el departamento de Asuntos Laborales y ya pertenecía a la Dirección General de Inteligencia. En el 98 volvió a su pago chico, San Martín, destinado a la delegación y vaya a saber por qué razón íntima -quizá eso de buchonear a amigos no le sentó bien- pidió la baja. Se arrepintió enseguida y todo quedó en la nada. Amplió horizontes: se puso a estudiar periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino, y de paso vigilanteaba alumnos y profesores. 

En 1999 hizo el curso superior de inteligencia y a su examen final lo corrigió Isabel Correa, quien por entonces formaba a los nuevos cuadros de la Escuela Federal de Inteligencia y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Correa, más conocida como Isabelita, había tenido sus momentos de gloria: durante la dictadura fue una de las personas inflitradas -el otro fue Alfredo Astiz- en el grupo de familiares de desaparecidos que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz que derivó en la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.

Correa tenía como jefe a Pedro Santiago Godoy, luego condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de los CCD Atlético-Banco-Olimpo (ABO) y ya en democracia se encargaban de la seguridad de los jueces que, entre otras diligencias, tenían que investigar crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en la dictadura. 

En ese contexto, Balbuena mostró en sus inicios periodísticos las mismas incapacidades que tuvo para entrar a la Universidad o para tener una buena evaluación en su paso por la Policía, pero como a todo, le ponía garra para superar los evidentes problemas de sintaxis y hasta de ortografía que sobrevolaban sus notas. Estudió producción peridística en ETER y pasó por FM La Tribu hasta que su participación terminó abruptamente cuando en broma un compañero le dijo que tenía "pinta de servicio". No lo vieron más por ahí. 

Donde si lo veían, cada día, era en el edificio de Moreno 1417, donde funcionaba la Dirección y que antes había sido la fatídica sede de Coordinación Federal, donde funcionó un centro clandestino de detención y exterminio. Su presencia era corriente y hasta familiar en Organismos de Derechos Humanos; fue un apoyo incondicional para quienes buscaban a Luciano Arruga, el joven asesinado y desaparecido por la policía; cubría los juicios promovidos por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y se preocupaba por los recaudos que tomaba María Del Carmen Verdú por denunciar a fuerzas de seguridad. También era un rostro familiar cuando había conflictos gremiales en el subte; entre los familiares de las víctimas de Cromagnon y las víctimas de trata que denunciaban sus casos. 

Desplumados

Américo Balbuena nunca hizo algo ilegal. A su tarea la amparaban un par de decretos que estaban vigentes desde 1967 cuando el dictador Onganía armó la "Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina", que habilitaban a los agentes conocidos como "plumas" a realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia mientras en paralelo desempeñan otras actividades, por caso, como periodista. Balbuena podía laburar en la Agencia Walsh sin cobrar un peso porque tenía un sueldo fijo que cada mes cobraba a través del Ministerio de Seguridad. 

Pero nada es para siempre y un día se supo. Miriam Lewin -tal como puede verse en la serie "Iosi"- venía recibiendo información de Iosi Peres, un pluma arrepentido que había estado infiltrado en la comunidad judía de AMIA durante catorce años. Fue él quien le advirtió a Miriam del "periodista" de la Agencia Walsh y ella llamó a Grinberg. 

Grinberg lo enfrentó y Balbuena, que nunca miraba a los ojos, bajó la vista, tomó sus cosas, pegó media vuelta y se fue. La Ministra Nilda Garré lo separó de la fuerza. La abogada Myriam Bregman representó a organizaciones sociales y lo denunció a la justicia en 2013. En 2023 llegó a juicio y se sentó frente al juez Daniel Rafecas. Junto a él dos de sus superiores: Alfonso Ustares y Alejandro Oscar Sánchez. Les dieron dos años, porque lo ampara ese decreto del onganiato. Esta semana la Cámara de Casación confirmó la sentencia. 

Es hora de que el sistema político ponga el foco en la caterva de infiltrados de la PFA y se debata su funcionamiento en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Los tiempos lo reclaman, sobre todo cuando el gobierno parece apañar y fomentar el accionar de estos ejemplares. Ni siquiera esconden su rol, y quedó en evidencia cuando el youtuber Franco Antunes, conocido como "Fran Fijap", se metió provocativamente en medio de una manifestación -algo que venía haciendo con recurrencia, buscando devolución- y lo rodeaban un repartidor de "Rappi" en bicicleta y con una caja de reparto inmaculada, y un transeúnte espontáneo que pasaba por ahí y que casualmente tenía un tacho de gas pimienta que arrojó sobre los manifestantes. 

Luego, claro, se supo que ni uno era repartidor ni el otro un transeúnte que pasaba por ahí: en sus dos minutos de fama televisiva no solo se mostraron como militantes del gobierno sino que uno de ellos. Ivan Cheang formó parte de la Fuerza Aérea, fue expulsado de la escuela de suboficiales de la Policía Federal y dice tener iniciativas de "seguridad" por cuenta propia. El mismo argumento del "cuentapropismo" que esgrimieron los abogados defensores de Balbuena. 

Pero además Cheang -a quien en la red social X es seguido por la cuenta "Los Muertos Vivos" y que pertenece a los genocidas presos en Campo de Mayo- es alumno del curso de Fotografía aplicada pericial y forense del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y trabaja como seguridad de forma eventual en boliches. Frente a cámaras no dudó en pedirle perdón a Patricia Bullrich y reclamarle una reunión para considerar su reingreso a la fuerza.  En el registro público de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y según una investigación de "Tiempo Argentino" consta que la Fuerza Aérea le paga una ART (Aseguradora de Riesgo del Trabajo) a alguien que supuestamente ya no pertenece a la fuerza. Raro. 

El repartidor de Rappi es Matías Vincent, un técnico en programación desocupado que vive en Guernica y que llegó con su reparto, justo ese día, al medio de la plaza del Congreso. En sus redes sociales invita a que "empecemos a cambiar la idea de que el poli es malo, loco pongámonos la gorra”.

Tomás Fernando Nierenberger, se hace llamar “Varela”, como todos los plumas que usan otros nombres. Tiene  29 años, es militante de La Libertad Avanza (LLA) y fue quien irrumpió en la Universidad Nacional de Quilmes, junto a otros libertarios y la concejala Estefanía Albasetti, para romper una asamblea. "Varela", aparentemente sin saberlo, aplicó el mismo método que hace más de medio siglo usaban los servicios o los grupos parapoliciales cuando se metían a cadenazos y tiros a romper mitines estudiantiles. Tomás usó un gas pimienta, y con eso logró que todos se dispersen. No era la primera vez, ya había sido visto frente a la Agencia Telam, cuando despidieron a centenas de trabajadores de la Agencia Estatal, también generando disturbios. 

En las últimas marchas y represiones quedaron registrados varios personajes que están de los "dos lados del mostrador": por un momento arrojan piedras y al segundo están con los que reprimen a los revoltosos. Las cámaras mostraron también como tres tipos, sin que nadie los frene aunque estaban rodeados de policías, dieron vuelta un auto, lo desvalijaron, lo prendieron fuego y salieron andando en otro auto con la chapa dada vuelta en esa fatal jornada represiva frente al Congreso mientras se debatía la Ley Bases. La noticia coptó la atención de todos los medios que no dejaron de hablar de la violencia de los manifestantes. 

La legitimación social del accionar de estos plumas es una conquista de este gobierno, aunque durante el macrismo ya se habían dado los primeros pasos para su aval. La ministra de Seguridad deja clara su postura a cada paso y en cada bravata represiva, en la que les da carta blanca. En las ultimas semanas, además, se anunció con bombos y platillos la creación de una organización paraestatal liderada por el influencer Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", a la que llamaron "Las fuerzas del Cielo" y que anunciaron será el "brazo armado" del gobierno. 

Nada extraño en una Argentina que supo con dolor de la existencia de servicios de inteligencia reformulados como agentes de la represión, el secuestro, la tortura, el crimen y la desaparición; de bandas paraestatales como la Triple A o la CNU; o de bandas de delincuentes comunes como Aníbal Gordon o el Indio Castillo que se sumaron a estas organizaciones para seguir delinquiendo con cobertura estatal. Parafraseando a la ministra, sería oportuno que esta vez, de verdad, "el que las hace las pague" y que la historia no vuelva a repetirse.