En medio de tensiones internas en el bloque de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta ha encendido una nueva polémica al divulgar proyectos de ley y un decreto presidencial que buscan la liberación de genocidas condenados durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). Esta revelación, que sigue a la denuncia de la diputada contra sus compañeros de bloque por una visita a la cárcel de Ezeiza, revive uno de los debates más sensibles de la historia reciente de Argentina: la lucha contra la impunidad y la necesidad de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Arrieta, quien está enfrentando una posible expulsión de su bancada, publicó en sus redes sociales capturas de pantalla de conversaciones entre diputados del bloque LLA, donde se discutían planes para liberar a los represores. Los documentos filtrados (que habían sido anticipados por Data Clave) incluyen proyectos de ley y un decreto presidencial que, de ser aprobados, obligarían a los jueces a dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad tras 20 o 25 años de haber cometido los delitos. Según la diputada, estos planes buscan la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos, una agenda que ella asegura no comparte.

Esta situación recuerda el controvertido periodo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que otorgaron inmunidad a quienes cometieron crímenes durante la dictadura militar. Dichas leyes fueron derogadas en 2003 por el Congreso Nacional y declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió que los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad se reanudaran. Desde entonces, Argentina se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra la impunidad, con cientos de condenas en los tribunales.

La denuncia de Arrieta también se conecta con la ley 27.156, sancionada en 2015, que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en Argentina. Esta normativa es una pieza clave en la estructura legal del país para garantizar que no haya retrocesos en la persecución de estos delitos. La ley establece que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir, asegurando que las víctimas y sus familias continúen teniendo acceso a la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la comisión de los crímenes. Además, se plantea que no pueden ser parte de ningún tipo de amnistía.

La propuesta de establecer plazos máximos de prescripción para crímenes de lesa humanidad no solo amenaza con socavar décadas de avances en derechos humanos en Argentina, sino que también coloca al país en una posición de riesgo ante la comunidad internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido clara en sus fallos: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser juzgados sin excepciones. Esta postura se ha reflejado en casos de otros países, como Guatemala y El Salvador, donde intentos similares de imponer amnistías fueron condenados y finalmente revertidos gracias a la presión internacional.

En Argentina, la posibilidad de que se promulguen leyes que permitan la liberación de genocidas resucita viejos temores y abre un debate que parecía cerrado. Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto que estas iniciativas podrían tener en la memoria colectiva y en el avance hacia una justicia plena y duradera. La memoria, verdad y justicia son pilares fundamentales en la construcción de la democracia argentina señalan desde los organismos.

La situación en Perú, donde el Congreso aprobó recientemente una ley de amnistía que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, sirve como un inquietante recordatorio de lo que podría suceder si estos proyectos de ley avanzaran en Argentina. Al igual que en Perú, donde la Corte IDH y la ONU han criticado duramente la nueva ley, en Argentina los mismos organismos reaccionarían con igual severidad ante cualquier intento de retroceso en la lucha contra la impunidad.

En medio de este contexto, la denuncia de Lourdes Arrieta no solo expone tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, sino que también coloca sobre la mesa un tema que sigue siendo de vital importancia para la sociedad argentina. La discusión sobre la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y la posibilidad de que se otorgue libertad a los represores condenados abre un debate que toca fibras sensibles en un país que ha luchado incansablemente por la justicia y la memoria.