Organismos cuestionan el regreso de la SIDE: "Una vuelta al pasado que agrava el presente"
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), una coalición de entidades vinculadas al control de la seguridad, criticó los decretos del gobierno de Milei que ponen en vigencia una nueva estructura de información estatal. Reclaman controles y la conformación de una Comisión Bicameral de Inteligencia.
La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresó su “preocupación” ante las normativas promulgadas por el gobierno de Javier Milei que disolvieron la Agencia Federal de Inteligencia para crear una estructura que rehabilitó a la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), al considerar que se trata “una vuelta al pasado que no resuelve los problemas del presente”.
“No hay duda de que el sistema de inteligencia nacional requiere una reforma profunda para modernizarlo y adaptarlo a una realidad que cambió vertiginosamente en las últimas décadas. Por ejemplo, en relación con las nuevas tecnologías o con un mundo que ya no responde a los problemas de una agenda uni o bipolar. Al mismo tiempo, el sistema requiere cambios determinantes en relación a su cultura política y organizacional orientada al espionaje y las operaciones ilegales”, señaló la ICCSI a través de un comunicado.
En ese sentido, la entidad afirmó que “las tensiones entre una tradición atada al secreto y la necesidad de fortalecer los controles han determinado las idas y vueltas de modificaciones parciales que no han podido consolidarse”.
La ICCSI es una coalición de organizaciones integrada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre, nucleadas “con el objeto de contribuir al fortalecimiento del control democrático del sistema de inteligencia y orientarlo hacía la eficacia y necesidades reales del Estado”.
La iniciativa se expresó críticamente en relación a los Decretos 614/2024 y 615/2024 que el Ejecutivo emitió la semana pasada que formalizaron el regreso de la SIDE, que depende directamente del presidente Milei y tiene a cargo a cargo cuatro agencias que compondrán el sistema de inteligencia en Argentina (SIN).
Así, la administración libertaria concretó el regreso de un organismo que había sido disuelto en 2015, tras una serie de denuncias formuladas contra Jaime Stiuso, un agente que había hecho una larga carrera en el organismo y tuvo un rol destacado en la investigación del atentado contra la AMIA.
La nueva secretaría está a cargo de Sergio Neiffert y trabaja en coordinación con los Ministerios de Defensa y Seguridad, según el organigrama difundido oficialmente por Casa Rosada.
Al respecto la ICCSI afirmó que esta política del Ejecutivo “agrava” viejos problemas ligados al sistema de inteligencia y “no asegura ni mejora la protección de los derechos. Además, haberlo hecho por decreto plantea serios problemas constitucionales”.
“Uno de los aspectos más regresivos de la reforma es que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares. El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó”, se remarcó en el comunicado.
Las organizaciones nucleadas en esta Iniciativa recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso AMIA condenó “al Estado argentino por el fracaso de la investigación judicial, que estuvo determinado por haberla dejado en manos de la exSIDE”.
“Esta habilitación es acompañada, además, por la posibilidad de que la SIDE reincorpore personal retirado, como si los problemas de funcionamiento se resolvieran volviendo a lógicas pasadas”, remarcaron.
También se deplora en el texto que los decretos crean órganos “cuyas funciones son confusas y pueden derivar en superposiciones internacionales”.
En particular, se refiere a la estructura que acompaña la vuelta de la SIDE, y que estará integrada por la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), cuyos propósitos “son poco claras y el decreto extiende sus atribuciones en forma riesgosa para la privacidad de las personas”.
“Específicamente, respecto de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), el DNU la faculta para la provisión de servicios para la ‘adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional’, lo que significa un nuevo mecanismo para hacer interceptaciones, que no estaba habilitado en la ley. Todo ello de un modo solapado y sin el debate parlamentario necesario”, fundamentaron.
La participación de la SIDE en operaciones irregulares, espionajes ilegales y violaciones a los derechos humanos llevaron a la dirigencia política a discutir “la necesidad de reforzar los controles parlamentarios e independientes de las agencias de inteligencia”.
Al respecto, la Iniciativa asegura que la reforma que impulsa la gestión de Milei “no promueve ninguno” de esos controles, e incluso “los debilita, al quitar el acuerdo del Senado para el nombramiento del titular” de la SIDE.
“Hemos sostenido que el rol de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia ha sido cómplice en algunos momentos e intrascendente en otros. Nada de esto se modifica con estos cambios. Tampoco avanza sobre posibles órganos de control independientes como existe en otros países, que permiten contrarrestar el paradigma de secreto que caracterizó a nuestro sistema y que esta reforma profundiza”, apuntaron.
La ICCSI reclamó la celebración de debates en el Congreso sobre “el diseño y el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional, a fin de dotarlo de sentido estratégico, democratizarlo y separarlo de la inteligencia criminal”.
“Reafirmamos el llamado urgente a la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”, puntualizaron.