El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció el envío al Congreso de un "paquete de leyes anti casta" que contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, entre otras medidas que afecta a partidos políticos y sindicatos.

Asimismo, dijo que obligarán a sindicatos "a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector", según dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Las medidas deberán ser aprobadas en el Congreso y todas tocan temas sensibles que repercuten en partidos políticos, funcionarios, dirigentes y sindicatos. El primero que anunció fue la eliminación de jubilaciones de privilegio para el Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En segundo término, sugiere la obligación de los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral. Y apunta a limitar los mandatos a un máximo de cuatro años y a poder acceder a una sola reelección.

También quiere permitir que los convenios colectivos específicos que realicen de manera libre los trabajadores de una empresa primarán por sobre los convenios colectivos del sector. "Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente condiciones laborales un señor que no trabaja hace 30 años", lanzó.

Y nuevamente apuntando a la casta, propuso que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse a cargos electorales nacionales. Esta es una de las medidas que recibió más aplausos de su público al grito de “la casta tiene miedo”.

A su vez, el proyecto establece que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos y que todos ellos deban buscar recaudación privada para sostener sus campañas. Y en ese marco, exige que se reduzcan el número de asesores para diputados y senadores.

Por último, hizo pública una medida que había adelantado en un reportaje periodístico. Quiere que se penalice con prisión al Presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten "aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria". Y añadió al respecto: "Que dicho delito sea de lesa humanidad, imprescriptible".