El Consejo de la Magistratura es el organismo que se encarga de los procesos de selección y remoción de jueces y juezas a nivel federal y nacional. Si bien fue creado tras la reforma constitucional de 1994, comenzó formalmente a funcionar en 1998. Entre ese año y la actualidad, se recibieron 4261 denuncias, de las cuales 3701 fueron desestimadas y 225 permanecen abiertas, algunas con riesgo a quedar en la nada.

Esto significa que, de acuerdo con el relevamiento, sólo el 1,8% de las denuncias terminaron en alguna sanción o juicio político contra los magistrados. A ambas cuestiones se llega tras un proceso disciplinario donde el Consejo abre la investigación, realiza las pruebas pertinentes, deja que el o la jueza investigada se defienda y luego realiza un dictamen donde se sugiere qué corresponde hacer. Para mandar a juicio político, se requiere que consejeros/as voten con una mayoría especial.

En lo que va de este año, fueron cerradas 14 denuncias sin resolver básicamente porque se agotaron los plazos y otras 27 están complicadas y con riesgo de que entren en la misma situación. Desde la llegada de Alberto Fernández al gobierno, se presentaron 389 denuncias contra jueces. El período 2020-2022 refleja que 202 de esas presentaciones ya fueron cerradas, una tendencia que se mantiene si se analizan el resto de los períodos.

Los expedientes del segundo semestre

Dentro del Consejo se destaca la situación del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani, que tiene una denuncia por "mal desempeño" impulsada por el consejero Diego Molea contra Gemignani, quién envió un mensaje a un grupo de WhatsApp dirigido a sus colegas mujeres: "Feliz Día para todas! Especialmente para las delincuentes!!!". A eso le agregó que existiría “la igualdad” cuando ellas (en referencia a las mujeres) fueran presas en igual medida que los hombres.

"De comprobarse -el mensaje enviado-, configura un claro supuesto de violencia contra la mujer", expresó Molea cuando denunció al juez luego de los mensajes contra sus colegas de la Casación. Consideró que la expresión utilizada por el juez "demuestra la carencia absoluta de perspectiva de género del mencionado magistrado, en clara contraposición con nuestra Constitución Nacional así como las leyes vigentes". El camarista ya tuvo en 2019 un proceso en su contra, luego de que ordenara la detención de una funcionaria judicial porque se había negado a obedecerlo durante una feria judicial. Allí recibió una sanción.

También se analizará este segundo semestre la situación disciplinaria de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi. Hace dos meses, Data Clave reveló una serie de resoluciones donde los dos magistrados se apartaban de aplicar cualquier tipo de normativa relacionada a la violencia de género y están denunciados en el Consejo por un fallo donde llamaron sicarios a los médicos que realizaron un aborto legal a una adolescente abusada sexualmente. 

La situación de ambos es tan grave dentro del sistema judicial que hasta la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez pidió su destitución y aseguró que los magistrados "desconocieron el derecho vigente y, en segundo término, que fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal, lo cual vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”.

Otro de los casos pendientes tiene como protagonista al juez federal y electoral mendocino Walter Bento, procesado por liderar una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar dinero a cambio de otorgar favores judiciales. “Jefe de una asociación ilícita, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, diez hechos de cohecho pasivo, y como coautor de lavado de activos de origen delictivo”, son los delitos que le imputan en el marco de una investigación que comenzó en tiempos pandémicos y que luego, tras una pista en un celular, terminó en un entramado de contactos que incluían hasta a la familia del propio juez. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo existiría acuerdo para avanzar contra el magistrado con el objetivo de suspenderlo en su cargo mientras se abre la instancia de Jurado de Enjuiciamiento.

Una de las cuestiones novedosas que incorporó el Consejo en los últimos años fue la creación de un registro público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género. Por primera vez, allí figura una jueza: Celia Elsa Giordanino, a cargo del Juzgado Civil 106 y que tiene dos denuncias en su haber.

En la primera de ellas se habla de haber resuelto sin perspectiva de género y en forma tardía varios expedientes. La otra causa involucra el caso de Olga del Rosario Díaz, una mujer que sufrió violencia de género, que denunció en reiteradas veces y donde el Estado Argentino tuvo que reconocer públicamente su "responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos" que sufrió.