Según los datos del más reciente informe oficial de Jujuy, la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia es superior al 95%. La delicada situación preocupa al gobernador Gerardo Morales, que en la mañana del miércoles 2 de septiembre sorprendió con un polémico decreto:

“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil   ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación". 

La medida despertó reclamos entre los profesionales y un repudio casi generalizado en la sociedad jujeña, por lo que no duró ni siquiera 24 horas. Por la noche del mismo día la oficina de comunicación y prensa de la provincia notificó que el decreto había sido derogado, por decisión del Ministerio de Salud. 

"En atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud anunció la derogación a partir del 3 de septiembre del Decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 que establecía sanciones a médicos que incurrían en incumplimiento a la prestación de servicios", informaron.

Desde el entorno más cercano de Morales se justifican. Explican que más de 150 médicos y enfermeros pidieron licencia en sus trabajos del sector público y aseguran que tienen "una intencionalidad política". "Se piden vacaciones en plena pandemia, con lo dificil que es la situación, pero se van a trabajar a clínicas privadas", dice una importante fuente del Gobierno provincial. 

"La cartera de Salud promovió en su momento el referido decreto debido a que había 150 médicos aproximadamente que no concurrían a trabajar a los lugares donde se atiende COVID-19. Frente a esta situación, se tuvo que notificar a estos médicos mediante la Policía. Formalizada esta instancia, la gran mayoría de los profesionales referidos comenzó a trabajar en los lugares donde se necesita atención", explica el comunicado en el que el Ministerio de Salud da cuenta de la marcha atrás.

Durante la única jornada en la que fue efectiva la medida, se llegó a aplicar sanciones económicas y disciplinarias a 3 médicos. El resto, en tanto, comenzó a prestar servicios en los lugares requeridos. Sin embargo, la tensión es absoluta en el peor momento de circulación de virus.