A poco más de un mes de que estallara el escándalo internacional por la cripto que prometía revolucionar la economía argentina, los abogados de Burwick Law llevaron el caso a los tribunales neoyorquinos con un documento que señala expresamente al presidente Milei por su rol en la promoción de la estafa. "Los demandados promovieron el token $LIBRA como una iniciativa económica significativa diseñada para estimular el crecimiento en Argentina. Estos esfuerzos se apoyaron en el respaldo de alto perfil del Presidente de Argentina, creando una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo", sostiene la denuncia.

Los demandados en la presentación incluyen a los empresarios Hayden Davis, de Kelsier Ventures, y Julian Peh, de KIP Protocol, quienes habían mantenido reuniones con Milei en la previa del lanzamiento del token. Según los denunciantes, el modelo de inversión de $LIBRA se basó en una estrategia fraudulenta en la que se infló artificialmente el precio inicial de la criptomoneda, permitiendo que los inversores internos retiraran millones de dólares antes de que el resto de los compradores vieran sus activos desplomarse.

"La denuncia detalla cómo, según nuestras alegaciones, se utilizaron fondos de liquidez unilaterales para manipular el mercado y beneficiar a unos pocos", explicó Burwick Law en un comunicado. Según el bufete, aproximadamente el 85% del suministro de $LIBRA se retuvo en el lanzamiento, lo que permitió que los operadores internos se enriquecieran mientras los inversores minoristas asumían las pérdidas.

X de Burwick Law

El estudio de abogados también reunió a más de 200 damnificados de Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia, quienes se vieron perjudicados por la caída de la criptomoneda. "Nunca emprendemos litigios a la ligera. Si bien en esta etapa solo se trata de acusaciones, creemos que es importante esclarecer las conductas que podrían perjudicar a los compradores minoristas", agregaron los abogados.

La demanda también menciona que los acusados utilizaron grupos de liquidez unilaterales en la plataforma descentralizada Meteora para crear una falsa impresión de seguridad y atraer inversores. "Al alinear el lanzamiento del token con el respaldo del presidente de Argentina y enfatizar conceptos como la transparencia financiera y la descentralización, los demandados cultivaron intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa seguridad del potencial económico del token", subraya la presentación judicial.

En Argentina, mientras tanto, el caso aún no tiene juez asignado, tras la disputa entre María Servini y Sandra Arroyo Salgado. La denuncia presentada en Nueva York podría acelerar las definiciones judiciales tanto en Estados Unidos como en el país, donde todavía se analizan las responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados en la operación.