Sin la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, el Gobierno se reunirá el miércoles por la tarde con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para tratar de llegar a un acuerdo salarial que deje sin efecto el paro de colectivos convocado por el gremio para este jueves y que afectaría a la mayoría de las líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

No será de la partida el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Socia, Julio Cordero, ya que se encuentra de viaje, pero en su lugar estaría el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro.

El lunes ya había arrancado con una reunión crítica entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales en la Secretaría de Trabajo, donde ambas partes buscaban destrabar un conflicto salarial. En un comunicado conocido minutos después de ese encuentro, la UTA confirmó el paro de colectivos de 24 horas. De esta forma, Roberto Fernández busca diferenciar la protesta, enfocándola en el conflicto salarial con las empresas y no como una manifestación en contra del gobierno de Javier Milei, como lo plantea el paro encabezado por Moyano y otras organizaciones.

Ya el jueves pasado, tras una audiencia virtual, las negociaciones entre la UTA y las cámaras empresariales no habían logrado avances. El gremio de los choferes reclama una suba salarial que lleve el sueldo básico a $1.322.136 para diciembre, lo que representa un aumento del 24,7% en relación a julio. La UTA exige, además, incrementos retroactivos al mes de agosto: llevar el básico a $1.160.000, en septiembre a $1.200.600, y a $1.242.621 en octubre. Sin embargo, las empresas aseguran que la solicitud es inviable si no reciben un incremento en el subsidio estatal o un aumento en la tarifa del boleto, que actualmente no cubre el costo real del viaje o “tarifa técnica”, estimado por las empresas en $1.300. Hoy, esa tarifa técnica está en $900 tras un ajuste del 11% otorgado a principios de mes por la Secretaría de Transporte, cifra insuficiente para cubrir el costo operativo según sostienen las empresas.

Una fuente del sector indicó que no hay muchas esperanzas de acuerdo: “No parece haber voluntad de subir el subsidio ni la tarifa. La prioridad del Gobierno es reducir la inflación”, afirmó. Ante este escenario, el gremio que lidera Fernández lanzó una advertencia la semana pasada en su último comunicado: “Si la Secretaría de Transporte no hace nada para doblegar la voluntad empresaria, será la absoluta responsable de cualquier medida de fuerza que debamos tomar”.

El sindicato podría iniciar protestas el martes y cuenta con varias alternativas. Se ha discutido la posibilidad de una medida de fuerza sin adherirse al paro general, en lugar de un cese total, los choferes podrían optar por “trabajar sin cobrar boleto” durante un día como forma de protesta. Esta estrategia les permitiría manifestar su descontento sin alinearse con la huelga de la Mesa Nacional del Transporte y evitar, al menos por ahora, un conflicto mayor con el ala dura que lideran los Moyano. Finalmente, se ha decidido efectuar un cese total en las actividades el próximo jueves.

Pablo Moyano, uno de los promotores del paro nacional del miércoles, cuestionó la postura de la UTA y anticipó una adhesión masiva a la huelga: “Todas las modalidades de transporte se han unido. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo, ¿no?”, disparó en una entrevista radial, aludiendo a las tensiones con Fernández, un antiguo adversario sindical de los Moyano.

En las cámaras empresariales, por otro lado, esperan que el miércoles haya un nuevo encuentro clave, esta vez con el secretario Coordinador de Infraestructura, Martín Maccarone, quien haría de intermediario entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Las compañías confían en que este posible encuentro, de concretarse, pueda facilitar un ajuste en la tarifa técnica, el cual podría traer cierto alivio financiero y permitir un acuerdo paritario para los choferes, que desde hace meses ven deterioradas sus condiciones laborales por la caída de las frecuencias y la reducción de las horas extra, situación que el propio Fernández describió como “una sobrecarga para los choferes sin mejora salarial”.

Además, este conflicto salarial lleva semanas arrastrándose entre negociaciones y desplantes. La última gran amenaza de paro de la UTA fue a fines de septiembre, cuando Trabajo intervino para dictar la conciliación obligatoria. Esa medida se había fijado hasta el 21 de octubre, pero el Ministerio decidió extenderla una semana más en un intento de ganar tiempo. Sin embargo, esta vez no habrá otra prórroga y la resolución se definirá hoy mismo en el encuentro presencial que se lleva a cabo en la avenida Callao, en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, la interna gremial suma otro punto de tensión: desde la UTA buscan evitar la alineación con los gremios del transporte más afines a los Moyano. A la última reunión de la Mesa Nacional del Transporte, realizada la semana pasada en el Sindicato de Camioneros, la UTA ni siquiera asistió. Desde entonces, el paro del miércoles fue respaldado por otros gremios, incluyendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes también marcharán ese día en apoyo al reclamo salarial y en rechazo a las políticas de ajuste.