La administración de Javier Milei se movió rápido para frenar el paro de colectivos que amenazaba con paralizar el AMBA. Con un acuerdo negociado contra reloj en la Secretaría de Trabajo, lograron calmar las aguas en el corto plazo: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aceptó una mejora salarial en tres tramos, pero el punto clave sigue en el aire: ¿quién va a cubrir el aumento?

La discusión fue compleja y, aunque se logró una tregua, las condiciones fueron claras. En palabras de uno de los negociadores del sector, “Todos cedimos. Fue una forma de ganar tiempo hasta que haya algo concreto”. Por ahora, la actualización salarial para los choferes no se verá en los bolsillos hasta diciembre, ya que el aumento para noviembre, diciembre y enero quedó atado a una revisión de costos que sigue pendiente.

El pacto establece una suba escalonada del 20% en tres etapas, llevando el salario básico de un chofer de $1.060.000 a $1.200.000 en enero. Sin embargo, esta promesa de ajuste salarial está condicionada a que el Ejecutivo defina una fuente de financiamiento. En este sentido, el Gobierno comprometió una revisión de los subsidios y tarifas de transporte, que ahora deben contemplar el impacto de los salarios, el combustible y el precio de los repuestos.

Subsidios o tarifas: una decisión política

Para la Cámara Empresaria del Transporte, el cálculo del boleto técnico -sin ajustes recientes- ronda los $1.300. Sin embargo, desde el Gobierno no reconocen ese monto, lo que ha dejado una brecha importante entre lo que paga el pasajero y lo que realmente cuesta operar el servicio. Este déficit en el financiamiento representa el subsidio estatal, y a la incertidumbre actual, se le suma la presión del nuevo acuerdo salarial.

Desde la Cámara, aseguran que el Gobierno probablemente opte por aumentar el boleto en lugar de incrementar los subsidios, que se ven erosionados por la inflación. En caso de no haber una definición clara, los empresarios ya advierten que no podrán cumplir con los pagos estipulados en el acta firmada, lo que podría volver a desatar el conflicto.

La postura del sindicato liderado por la UTA fue paciente en esta primera instancia. Sin embargo, según fuentes gremiales, no descartan retomar las medidas de fuerza si se incumple el acuerdo salarial firmado. Uno de sus representantes señaló que, “por ahora no definimos qué hacer si no se cumple, pero una medida de fuerza sigue siendo una opción”.

Con menos de 30 días por delante, el Ejecutivo deberá definir la manera de afrontar el nuevo costo laboral del sector. La próxima actualización de costos pondrá en evidencia si el Gobierno decide incrementar los subsidios o trasladar el peso del acuerdo al valor del boleto. La siguiente cita en la Secretaría de Trabajo será clave para destrabar este dilema que afecta a pasajeros, empresas y trabajadores del transporte.