El fallido golpe de Estado que esta semana encabezó en Bolivia el general Juan José Zúñiga contra el gobierno del presidente Luis Arce revivió en la memoria colectiva de los ciudadanos del país los violentos sucesos de la asonada que en noviembre de 2019 derrocó a Evo Morales de la jefatura del Estado Plurinacional, en medio de hechos represivos ejecutados por las fuerzas militares y policiales que dejaron decenas de muertos. Una de las víctimas fue el periodista argentino Sebastián Moro, cuyo asesinato se investiga actualmente como un delito de lesa humanidad por impulso de su familia.

Si bien se desconoce aún quienes fueron los autores materiales del crimen, hay en el caso imputaciones por encubrimiento y mala praxis contra los médicos que atendieron al trabajador de prensa cuando llegó golpeado y herido de gravedad a una clínica de La Paz.

“Todavía no hay responsables por el asesinato de Sebastián, pero el Estado boliviano reconoció que murió en el contexto de un golpe de Estado y de un régimen represivo. Por eso, se trata de un crimen que no va a prescribir. Al igual que el de todas las víctimas que murieron en las protestas que se realizaron en esos días”, señaló a Data Clave Penélope Moro, hermana de Sebastián que desde hace años impulsan la investigación desde Argentina.

Sebastián era un periodista que se había ganado un prestigio en Mendoza durante las coberturas que realizó en los juicios de lesa humanidad.

Además, colaboraba con el diario Página/12 y 2017 se radicó en Bolivia, donde comenzó a trabajar para la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que el 9 de noviembre de 2019 -un día antes de la asonada contra Morales- resultó atacada por grupos de choque opositores al Gobierno.

Un día antes del golpe a Evo Morales, un grupo de choque atacó al director de ese medio de comunicación, José Aramayo, quien resultó golpeado, torturado y atado a un árbol, en un intento de linchamiento en el que casi pierde la vida.

Sebastián, quien describió en Página/12 el clima que se vivía en Bolivia en las jornadas previas al golpe, y era un comunicador “conocido”, se acercó a su lugar de trabajo el día de la asonada.

En medio de la conmoción que reinaba en el país, con policías amotinados y grupos armados que atacaban a simpatizantes de Morales, los familiares de Sebastián perdieron contacto con él entre el 9 y el 10 de noviembre

“Empezamos a contactarnos con las personas que lo conocían, que sabían dónde podía estar. No dábamos con él hasta que un amigo suyo pasó por la casa donde vivía en La Paz y lo encontró inconsciente, tirado en el piso y golpeado. Es ahí cuando decidimos viajar a Bolivia con mi hermana Melody y mi mamá (Raquel Rocchietti)”, contó Penélope, que con la noticia del estado de salud de su hermano decidió ir a Bolivia.

El 11 de noviembre de 2019, Moro quedó internado en una sala de terapia intensiva de una clínica de La Paz; Penélope estuvo con él y luego llegaron Melody y Raquel.

“Lo llevaron a la Clínica Rengel, de La Paz, y no le dieron los cuidados que necesitaba. Decían que eran alguien que se había caído en la calle porque supusieron que estaba borracho o drogado. No lo trataron como correspondía. Tenía heridas de golpes que eran evidentes y nunca llamaron a la Policía para avisar que había ingresado una persona síntomas de haber sido atacado”, detalló en diálogo con este medio la abogada Mary Carrasco, quien sigue la investigación en los tribunales bolivianos.

Estudios previos que se realizaron antes de su muerte, constataron que Sebastián “tenía golpes en todo su cuerpo y sufrió incluso un desplazamiento de pulmón”.

“Era evidente que lo habían golpeado y torturado. Los médicos que lo atendieron lo dejaron morir, Es un caso de mala praxis y de encubrimiento de los autores materiales del hecho”, conjeturó la letrada.

Por la mala atención que recibió el periodista argentino está imputado el médico Huascar Mauricio Corvera Machicao y hay dos facultativos más que se encuentran acusados por los mismos cargos: encubrimiento y mala praxis.  

El ataque a Sebastián se produjo en un contexto de represión y persecución a dirigentes sociales y políticos por parte del régimen de Jeanine Áñez, quien llegó al poder tras el golpe contra Evo Morales.

“En esos días hubo funcionarios del gobierno de Áñez que decían conocer quiénes eran los periodistas extranjeros y los iban a ir a buscar. El crimen de Sebastián es un crimen contra la vida”, remarcó Carrasco.       

El entonces embajador del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, Normando Álvarez García, un político jujeño vinculado al exgobernador de esa provincia, Gerardo Morales, se hizo presente en la clínica para interiorizarse del estado de Sebastián.

“Nos trajo yerba, nos hablaba de cosas sin importancia como el clima. Le dimos dos recetas de Sebastián para que nos traiga unos medicamentos y no lo vimos más. Mientras tanto iba por los medios diciendo que no había habido un golpe”, recordó Penélope.

El 16 de noviembre, a la medianoche, Sebastián muere el mismo día en el cual había comenzado, más temprano, la represión en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.

Por órdenes de Áñez morirían en esa jornada 11 personas y 120 resultaron heridas a manos de los efectivos policiales y militares.

Cuatro días más tarde, en Senkata, cerca de la ciudad de El Alto, se produjo otra masacre a balazos contra manifestantes que dejó la misma cantidad de víctimas fatales.

“A partir de allí, las autoridades consulares nos apuran  para que nos vayamos del país. Nos decían que a Sebastián había que enterrarlo en un camposanto o cremarlo. Nos daban esas opciones, todo debía hacerse rápido. Fue así como no le pudimos hacer una autopsia al cuerpo de mi hermano”, Penélope.

La ausencia de una autopsia dificultó el avance de la causa, pero los estudios médicos que se le pudieron hacer a Sebastián en vida y algunos peritajes que se hicieron con especialista argentinos permitieron que la causa avanzara.

Los familiares del periodista lograron tomarle fotos al cuerpo de Sebastián antes de la cremación y se constataron heridas en las piernas y el tórax.

“Cremamos a Sebastián el 19 y nos fuimos con sus cenizas. Nos negaron un avión para trasladarlo. Nos dijeron que no se podía. Un avión no podía tocar suelo boliviano en medio de esa situación que se vivía”, apuntó Penélope.

Las cenizas de Sebastián se enterraron el 30 de noviembre en una ceremonia en un paraje rural de Guaymallén, Mendoza, a la que asistieron sus compañeros, amigos y militantes de organismos de derechos humanos mendocinos.

Un día antes, en la embajada de La Paz, Álvarez García, realizó un agasajo a los golpistas en una ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa de Áñez, Fernando López Julio, quien en la actualidad se encuentra en Paraguay.

“Por ahora queremos enfocarnos en averiguar qué le pasó a Sebastián. Queremos saber quiénes fueron sus asesinos. Hasta el 2023 tuvimos respaldo del Estado argentinos para impulsar la investigación, ahora ya no. Pero seguimos buscando justicia”, puntualizó Penélope.

La muerte de Moro no es la única causa judicial que existe en Bolivia y está conectada con el derrocamiento de Evo Morales.

En noviembre de 2019, cuando el golpe intentaba consolidarse, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina llegó al país del antiplano con pertrechos bélicos. Eran postas de goma, granadas de gas y elementos químicos que las fuerzas bolivianas utilizaron para la reprimir las protestas contra Áñez.

Ese envío motivó una causa por contrabando de armas en Argentina en la cual se imputó a varios exfuncionarios del gobierno de Macri. La investigación está a cargo del juez Alejandro Catania y se encuentra virtualmente paralizada.

En Bolivia, Renzo Arteaga Fernández, un funcionario de la Cancillería de ese país que facilitó el ingreso de esos pertrechos desde Argentina fue condenado en 2022 en un juicio abreviado.

En tanto, el comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara --quien recibió los materiales y agradeció su envío mediante una nota que remitió a la Embajada argentina— aún se encuentra imputado.