La vocación negacionista del Gobierno nacional en relación a los crímenes del terrorismo de Estado tuvo esta semana un capítulo más, cuando el presidente Javier Milei reivindicó, en un acto realizado en Casa Rosada, los indultos promulgados por el exmandatario Carlos Saúl Menem, en 1989 y 1990. En paralelo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal recordó en los últimos días que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de conmutaciones o amnistías, en función de las leyes argentinas y los pactos internacionales suscriptos por el país. Además, los organismos de derechos humanos tienen preparada una estrategia judicial si el Ejecutivo decide avanzar con un perdón para los genocidas condenados.

“A los meses de haber asumido la Presidencia, toma la decisión de pacificar Argentina otorgando numerosos indultos a militares y guerrilleros”, señaló Milei el martes pasado, al encabezar un acto en el cual se descubrió un busto de Menem en la Casa de Gobierno.

Horas después, y tal como parte esas “casualidades permanentes” a las que aludía recurrentemente el riojano, Casación emitió un fallo en el que con el voto unánime de los jueces Daniel A. Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, se revocó el sobreseimiento del ex alcaide mayor del Servicio Penitenciario Juan Carlos Alzugaray, por el asesinato del prefecto mayor Héctor Ramón Pérez, cometido en noviembre de 1977.

Pérez fue asesinado por agentes del terrorismo de Estado que no siguiera hablando sobre la Masacre de Palomitas, como se denominó a la matanza de once detenidos políticos perpetrada el 6 de julio de 1976 en el paraje Palomitas, más de 60 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.

En su voto, Slokar recordó los compromisos internacionales asumidos por el estado argentino y el rechazo al cómputo del 2x1 para criminales de lesa humanidad, que tras la sanción de una movilización popular y una ley sancionada por el Congreso, resultó ratificado por la Corte, que anteriormente había convalidado ese criterio en una sentencia del 2017.

“Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”, remarcó el magistrado en sus sentencia.

“Lo que dejamos en claro en esos fallos que no puede haber indultos ni amnistía por delitos de lesa humanidad en función de los tratados internacionales que ratificó Argentina, y que alcanzaron rango constitucional tras la reforma de 1994, como el Estatuto de Roma. Además, en 2015, se sancionó una ley que prohíbe los indultos para condenados por crímenes contra la humanidad”, señaló Slokar en diálogo con Data Clave.

Ese mismo criterio utilizó la Cámara el jueves pasado para rechazar los pedidos de libertad condicional ´para los represores de la ESMA Juan Antonio Azic y Juan Carlos Fotea.

En esos casos se remarcó que en base al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) “la ejecución de la pena también forma parte de la obligación de investigar, juzgar y sancionar y que es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares”.

En base a esa argumentación, Casación señaló que durante estos procesos “no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad".

“La obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos con penas apropiadas a la gravedad de la conducta delictiva no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción en apego al principio de proporcionalidad”, fundamentó la Sala I al enfatizar que los delitos de lesa humanidad “no se pueden indultar”.

No es la primera vez que desde el oficialismo se menciona el indultó como un escenario posible. Días antes del 24 de Marzo pasado, en vísperas de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, voceros oficiales habían deslizado la posibilidad de que Milei aproveche esa fecha para indultar a los genocidas, algo que luego el Gobierno descartó.

Ante esos rumores, organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria (bonaerense), el Servicio de Paz y Justicia (Serjap)y Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un amparo para evitar la promulgación de un indulto presidencial a los genocidas.

“Nos basamos en las leyes argentinas que están vigentes y en los pactos internacionales para alertar sobre esa posibilidad. Si se vuelve a insistir con ese despropósito, ya tenemos los argumentos legales para ir a la Justicia”, señaló en declaraciones a Data Clave el abogado Eduardo Barcesat, uno de los firmantes de ese amparo presentado en marzo.

El negacionismo llegó al Incaa     

Pero la ofensiva oficial contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia va más allá de las declaraciones altisonantes de Milei y los aceitados vínculos que la vicepresidenta Victoria Villarruel mantiene con represores de la última dictadura militar que se encuentran en prisión.

Desde el inicio de la gestión libertaria se tomaron una serie de medidas para desguazar organismos del Ejecutivo que eran vitales para sostener los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.

En el ministerio de Justicia que conduce Luis Petri se disolvieron los Equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de la Fuerzas Armadas, que habían aportado valiosa información para la continuidad de los procesos de lesa humanidad y la concreción de varias condenas.

En el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich dejó caer ofrecimientos de recompensas sobre 21 represores prófugos, y en la cartera de Justicia se suspendieron el pago de las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, en base a una denuncia presentada durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Ahora, la avanzada llegó hasta el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), afectado por la política de desguace oficial del sector público que aplica actualmente su titular, Carlos Pirovano.

También esta semana, fueron desvinculados todos los empleados del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), cuya finalidad era registrar todas las audiencias de los juicios de lesa humanidad.

Esta iniciativa se creo tras una acordada de la Corte Suprema, en 2009, luego que una víctima se negara a declarar mientras era filmado “por una fuerza que lo reprimió”, en alusión a la Policía Federal, que estaba encargada de llevar el registro de los debates.

Fuentes del Incaa le confiaron a Data Clave que con estos despidos, ya no queda personal de cámara y cabina que realicen estas filmaciones. De esta forma, volvería ser la Policía Federal la encargada de realizar estos registros.