El fiscal Eduardo Taiano dictaminó que la causa que inició el Ministerio de Seguridad de la Nación contra la jueza porteña Karina Andrade por haber liberado a los detenidos en la marcha de los jubilados del miércoles de la semana anterior se debe tramitar en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes, por orden de la ministra Patricia Bullrich, se denunció a la jueza Andrade por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

“La presentación fue radicada en el fuero federal y se fundamenta en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación”, se indicó en la presentación.

La jueza resolvió liberar el mismo miércoles a los más de 100 detenidos durante la marcha al sostener que no había constancias del momento de los arrestos ni cuáles eran los delitos que se les endilgaban. Además, luego en declaraciones periodísticas explicó que manifestarse ante las autoridades es un derecho constitucional.

“La magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”, consideraron desde el oficialismo.

Tras el sorteo de rigor la denuncia contra a titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó radicada en el juzgado federal N°1 a cargo de María Servini.

La jueza le dio intervención al fiscal Taiano para que dictaminara sobre los hechos consignados en la denuncia del gobierno. Fue en esa línea que el titular del Ministerio Público se debe tramita ante la Justicia porteña.

De este modo el fiscal entendió que "la potestad para investigar delitos cometidos contra la administración pública por parte de funcionarios que revisten carácter local ha sido transferida a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires".

“Corresponde señalar que la conducta reprochada no excita la competencia de este fuero de excepción, toda vez que la jueza Karina Andrade no desempeña funciones federales”, agregó en su dictamen.

Al fundamentar su criterio y citando jurisprudencia, señaló un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que respalda su análisis: “Se tratarían de acontecimientos acaecidos en la Ciudad de Buenos Aires en ocasión del trámite de un proceso radicado ante la Justicia de esa ciudad”.

Taiano dijo que la norma establece que "será competencia de la justicia local los delitos contra la administración pública, ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales”.

Por esos motivos, el fiscal de Comodoro Py entendió que impulsar la acción penal en este escenario, “implicaría llevar adelante la investigación de hechos que a todas luces resultan materia de averiguación de la justicia local” y le pidió a la jueza María Servini que envíe las actuaciones a la justicia porteña.