Seguridad denunció a la jueza que liberó a los detenidos en la marcha de los jubilados
Patricia Bullrich acusó a la jueza Karina Andrade por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La Presentación recayó en el juzgado de Servini.
El Ministerio de Seguridad denunció a la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue quien liberó a los detenidos en la marcha del miércoles último de los jubilados porque no hubo un informe detallado de los motivos de los arrestos.
La denuncia incluye los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
“La presentación fue radicada en el fuero federal y se fundamenta en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación”, se justificó. Tras el sorteo, la causa quedó radicada en el juzgado federal N°1, a cargo de María Servini.
La misa jueza explicó el jueves que ordenó la libertad de los detenidos porque en principio quería que se respetara el derecho a la protesta previsto en la Constitución Nacional y luego porque los arrestos carecían de información que los respaldara.
“La denuncia presentada destaca que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”, sostuvo el Ministerio.
“La magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”, consideraron desde el oficialismo.
De todos modos, la jueza Andrade sostuvo que justamente lo que no había era pruebas que justificaran los arrestos, entre los que hubo situaciones insólitas, como la detención de dos niños de 12 años cuando salían de la escuela.
Sin embargo, el Ministerio insistió que “entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. La denuncia también detalla que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.
Tampoco sin mayores fundamentos, el viernes pasado, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, “señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores”.
La denuncia del gobierno sostiene que “los grupos organizados movilizados incluían barras bravas de distintos clubes de fútbol y que algunos de los manifestantes habrían recibido pagos para participar en los hechos de violencia”.
La violenta represión a la marcha del miércoles tuvo como saldo más grave las serias lesiones en la cabeza que recibió el fotógrafo Pablo Grillo, quien tras ser operado permanece internado en grave estado.