La difícil tarea de reemplazar planes por trabajo

La crisis provocada por el coronavirus está provocando un cambio profundo en la actitud de los dirigentes políticos en lo que concierne a la atención de los sectores más necesitados. Los planes asistenciales crecieron sin parar, tanto durante los gobiernos kirchneristas como macrista, pero ahora el Gobierno habla de generar trabajo para los segmentos más vulnerables.

La razón, reconocida por las propias autoridades, es que ya no hay forma de financiar el enorme aparato asistencial que se construyó en los últimos años y que se agigantó con la pandemia.

Reconfigurarlo hacia una salida productiva no se presenta como una tarea ni fácil ni carente de conflictos. De ahí que las autoridades trabajen coordinadamente con las organizaciones sociales que, se interpreta, son capaces de canalizar las tensiones que provocarán estos cambios.

Décadas atrás el país se endeudó en el exterior, en los 90 el Estado tuvo el recurso de las privatizaciones, en los años 2000 el boom en los precios de las materias primas primero, la utilización de los fondos privados de pensión y de las reservas después, permitieron que el país gastara más de lo que generaba.

Con Mauricio Macri la historia no fue diferente, ya que durante su administración se apeló nuevamente a la deuda externa para sostener el desequilibrio en el gasto público. Hoy se han agotado todas estas fuentes y el Estado se enfrenta con una enorme demanda social.

El Gobierno tiene en carpeta proyectos para que los beneficiarios de distintos planes asistenciales (ingreso familiar de emergencia –IFE-, asignación universal por hijo –AUH-, tarjeta alimentaria, pensiones, entre otros) realicen actividades laborales.

En la Casa Rosada saben que las cuentas públicas no resisten mucho tiempo más este nivel de asistencialismo que el coronavirus ha incrementado con medidas como el apoyo a sectores productivos, tasas subsidiadas, el ingreso familiar de emergencia, entre otras.

En conjunto, las líneas de asistencia dispuestas por el Estado para hacer frente a la pandemia equivalen a 5% del producto bruto interno, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto. Entre las mayores erogaciones, casi 9 millones de personas han recibido el IFE, con un costo cercano a los 90.000 millones de pesos.

De esta forma, el desequilibrio presupuestario se proyecta en torno de los 7 puntos del PBI, comprensibles en el marco de la emergencia pero insostenible con el esquema de consolidación fiscal que propugna el ministerio de Economía.

Iniciativas 

El Gobierno nacional trabaja en distintas iniciativas para generar trabajo. Se estima que parte de las "60 medidas que se anunciarían, en principio, esta semana" -según adelantan fuentes oficiales- contemplan generación de empleos. Aunque, cabe aclarar que tanto los principales sectores empresarios como los dirigentes sindicales manifestaron desconocer el tenor de las resoluciones "ya que no fueron consultados".

El ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, propone "garantizar un ingreso de base para unirlo con planes para generar empleo, como el Plan Potenciar Trabajo, y a su vez con la urbanización de barrios populares".

Considera que, de los 9 millones de argentinos que reciben el IFE, unos 3 a 4 millones presentan situación económica ha caído de manera pronunciada y, según el funcionario, en ellos es donde debe ponerse el foco. Arroyo propone que los beneficiarios se dediquen a realizar trabajos de urbanización en más de 4.000 barrios populares. La propuesta contempla que se pague un salario mínimo -unos 17.000 pesos-.

El presidente Alberto Fernández insiste en la necesidad de generar empleo. En este sentido, evalúa positivamente la iniciativa del dirigente social Juan Grabois de llevar adelante un "Plan Marshall criollo para poblar y dar trabajo", propuesta que ahora los diferentes gremios que la apoyan rebautizaron "Plan de Desarrollo Humano Integral". La respaldan los dirigentes sindicales: Gerardo Martínez (Construcción), Pablo Moyano (camioneros), Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento) y Sergio Sasia (ferroviario). También la auspicia la Iglesia Católica.

La iniciativa plantea construir "nuevos parques industriales para crear nuevos pueblos y nuevas ciudades". Contempla que los estados nacional y provinciales se dediquen a "lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloacas y darle a la gente para que haga su casa". Estiman crear 4 millones de puestos de trabajo con una inversión inicial del Estado de 750.000 millones de pesos. Generaría puestos de trabajo de 40 horas mensuales con un salario de 11.500 pesos.

En tanto, la CGT continúa trabajando con Asociación Empresaria Argentina en la elaboración de una propuesta más integral que incluye potenciar la capacidad exportadora. Una de las premisas que toman en la elaboración del proyecto es la necesidad de estimular las inversiones. En este sentido, trabajan en iniciativas para "sacar los dólares del colchón". Manejan cifras que hablan unos "u$s176 mil millones que tienen ahorrados los argentinos de los cuales solo el 40% fue blanqueado". Piensan, entre otras ideas, en un "dólar ladrillo" con un sistema que dé garantías al que invierta en construcción.

Al respecto, afirman existen un déficit de viviendas de 4 millones de unidades, carencia que atraviesa a todos los sectores sociales. Las iniciativas se focalizan en los 4.425 barrios populares en los que viven 5 millones de personas.

Las ventajas del sector de la construcción son que requiere mucha mano de obra y no genera tensiones en el sector externo (el componente importado es muy bajo). Se trata de una actividad que en los últimos 2 años ha perdido 210.000 puestos de trabajo.

Una buena idea pero… 

Por su parte, Roberto Lavagna, líder de Consenso Federal, propugna "crear trabajo" y considera necesario "un nuevo sistema, en blanco, con normas precisas que permitan formalizar al  50% de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc.".

Su propuesta toma como modelo el sistema de la Construcción que consiste en que cada empleado aporta 12% de su salario a una cuenta bancaria a la que pueda apelar cuando es despido o cuando cambia de trabajo. Este régimen permite acotar los litigios laborales.

La Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio entre otras entidades también sumaron sus propuestas de políticas.  Es el caso de los representantes de la cadena agro industrial han elaborado una "Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030".

Ausentes

A pesar de que el gobierno tiene una política de abierta y recibe a los diferentes sectores, desde el sector privado señalan que "las medidas son elaboradas puertas adentro por los funcionarios y sin abrir el juego".

Una de las críticas en la que coinciden tanto los empresarios como de los sindicalistas es que "el Gobierno ha manejado la pandemia solo tomando en cuenta las recomendaciones de expertos médicos sin consultar al conjunto de los sectores que pagan las consecuencias".

Un ejemplo es la Ley de Teletrabajo que tuvo el aval del Poder Ejecutivo para que se apruebe. La nueva norma no tuvo en cuenta, sostienen, opiniones ni de los grandes gremios ni de los empresarios y contiene disposiciones que generan un fuerte rechazo del sector patronal como la obligación de mantener el puesto presencial.

Desafíos 

La asignación de planes también tiene un costado oscuro, según señalan en medios políticos. "Hay intendentes en el conurbano que se aseguraron la reelección con sólo otorgar unos 20.000 planes, ya que se calcula que por cada uno se obtienen dos votos y 40.000 voluntades son una cantidad más que suficiente para ganar en la mayoría de los distritos", argumentan quienes conocen en profundidad los manejos de los llamados "barones del conurbano".

Dicho sea de paso, durante el anterior gobierno, la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, canalizó buena parte de los planes a las organizaciones sociales, en detrimento de los intendentes.

De esta forma, los jefes comunales argumentan que hoy no tienen precisión sobre la cantidad de planes que reciben los habitantes de sus distritos.

Uno de los problemas que se plantean, tanto gremialistas como intendentes, es cómo se podrá lograr que beneficiarios de los planes accedan ir a trabajar. "Es que objetivamente resulta difícil para el sector privado ofrecer un salario suficientemente atractivo como para que la gente renuncie a tener un plan", admiten.

No se tienen cifras exactas respecto de cuánto reciben las familias por planes asistenciales, pero se habla de que en algunos casos se pueden llegar a superar los 60.000 pesos mensuales, es decir por encima del sueldo medio bruto, no en mano, del sector privado, que alcanza a unos 45.700 pesos – los salarios en negro son inferiores -, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.

En estos términos, se considera que el sector privado – agobiado por la carga impositiva y previsional – no tiene forma de competir en la contratación de personal.

Otra referencia: el sueldo básico de un empleado en un municipio de zona sur es de $14.000 mensuales, es decir lo mismo que puede recibir una persona por el IFE más alguna otra ayuda como la tarjeta alimentaria y si tiene hijos la AUH. Además, una persona que sale a trabajar incurre en gastos por traslado y comidas fuera del hogar.

El  48% de los trabajadores de la Capital viven en la provincia de Buenos Aires y toman regularmente tres medios de transporte, lo que significa una erogación no menor a los 2.800 a 3.000 pesos mensuales (siempre que no tengan más de un destino laboral, algo bastante frecuente ya que no pocos tienen más de un empleo).  

"Ya ni siquiera es una cuestión de falta de cultura de trabajo. Hoy, en muchos casos, a la gente le resulta más conveniente cobrar planes, la  AUH y hacer changas en negro que trabajar en blanco", coinciden gremialistas y empresarios.

Pobres y entrenados

Incluso la pandemia puso en evidencia otro factor que conspira contra el trabajo. En el mismo barrio, en la misma cuadra convive gente que recibe planes y que está pasando la pandemia en mejores condiciones que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, textiles, gastronómicos, entre otros.

Es que estos últimos perciben con suerte el 70% del sueldo, algunos los $10.000 pesos del IFE y otros ni siquiera eso. En cambio, quienes ya percibían planes o la AUH fueron los primeros en recibir el IFE. Hay sindicatos como la Construcción que están repartiendo comida entre sus afiliados "porque no tienen para comer por la falta de trabajo".

El drama es que ya hay casi dos generaciones que ven que muchos de los que trabajan no logran un mejor bienestar que aquellos que reciben asistencia de Estado.

Asimismo, a diferencia del sector privado, durante la pandemia los empleados públicos siguieron cobrando sus sueldos y retuvieron sus empleos. Lo paradójico es que quien solventa los sueldos estatales o los planes asistenciales es el sector privado.

Hay casos de extremas disparidades. Un ejemplo, casi insultante, es la jubilación que perciben ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pueden llegar a $853.000 netos por mes, y gozan, además, del privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias.

De acuerdo a la investigación de La Nación, en el Poder Judicial los más de 800 ex jueces federales o sus herederos perciben actualmente una jubilación o pensión especial que en promedio ronda $430.000 de bolsillo. En tanto, para el sector privado el tope de haber jubilatorio es de $113.500.  

Mientras tanto, dirigentes sociales y particularmente los intendentes del conurbano advierten un clima social que va enrareciéndose.

Las últimas cifras de desocupación en la Ciudad de Buenos Aires arrojaron una tasa del orden de 15%, proporción que, según cálculos privados, podría situarse actualmente en 20% en el conurbano bonaerense. De ahí que planteen la necesidad de medidas de contención antes de que se disparen lo que consideran riesgos ciertos de estallidos sociales.