Detenciones arbitrarias, posibles violaciones de los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y criminalización de la actuación de abogados defensores mediante procesos arbitrarios y multas cuantiosas, son algunas de las situaciones que registró en Jujuy una misión internacional integrada por ocho organismos de la sociedad civil.

La misión internacional estuvo en la provincia entre el 21 y 25 de agosto de 2023 para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve lapso que generó enormes protestas.

“Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia”, dijeron los observadores que estuvieron en los principales focos de protesta de los últimos dos meses. 

Por ejemplo, en Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca.

“En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas ‘menos letales’ para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas)”, dice el informe, que hoy dio a conocer el Inecip.

La misión no solo conversó con representantes de sindicatos, pueblos originarios y organizaciones sociales, docentes y abogados sino que también entrevistó a las autoridades del gobierno provincial, en sus diferentes estamentos.

“La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas”, dice el informe preliminar.

“Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho”, agrega el texto.

Los observadores accedieron a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños.

“En entrevistas se pudo percibir la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual ha determinado que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud”, se agregó.