La Cámara de Diputados es el ámbito parlamentario para el avance de los pedidos de juicio político. Un instrumento poco probable de acción directa en el tratamiento pero que se acumula como herramienta política.

En Juntos por el Cambio ya no sorprende y anuncia que presentará por el “alzamiento” contra el fallo de la Corte Suprema, un nuevo pedido de “Juicio político contra el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. Como suelen titularse en su ingreso por mesa de entradas del palacio legislativo. El brazo ejecutor es un aliado de Horacio Rodríguez Larreta, el monobloquista Ricardo López Murphy.

El otro lo prepara el bloque UCR que pedirá “encabezado por sus autoridades” un pedido de juicio político contra el Presidente por “por incumplimiento de deberes de funcionario público”, según fuentes parlamentarias a Data Clave. En la bancada radical estiman que el proyecto podría ingresar el lunes por la tarde o martes a primera hora.

Se sumarán a los ya presentados durante este año. Juntos por el Cambio acumula un par. El primero fue presentado hacia finales julio por el diputado libertario José Luis Espert sin un motivo puntual y apuntando a declaraciones del mandatario en relación a Milagro Sala. Pero a los pocos días, el radical Ricardo Buyaile se iba a sumar con pedido propio al que adhirieron con su firma una gran cantidad de legisladores del interbloque opositor. En ese caso, se señalaba como motivo declaraciones contra la actuación de la fiscalia en la Causa Vialidad.

Luego de esto llegó una nueva embestida parlamentaria. Con la firma de todos los presidentes de bloque y casi la totalidad de JxC, se pidió un juicio político por las declaraciones de Fernández en un canal de televisión en donde se refirió al fiscal Nisman en el marco del alegado de Diego Luciani contra Cristina Kirchner. Ese fue el último de los proyectos contra el Presidente, hasta ahora.

Pero también tienen pedidos funcionarios de gobierno. Santiago Cafiero, Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro de Seguridad, Anibal Fernández y hasta la ya saliente Elizabeth Gómez Alcorta. Además, la Coalición Cívica mantiene su disputa contra Ricardo Lorenzetti, magistrado del supremo tribunal, pedido de juicio político que se reitera desde que Elisa Carrió era diputada.

El Gobierno sabe bien que los números en el Congreso bloquean cualquier intento de posible embestida contra el Presidente. En primera instancia, hay que convocar a la comisión de Juicio Político que la maneja una diputada “albertista” como es Carolina Gaillard. Además, se necesitan dos tercios para dictaminar y dos tercios para votarlo en el recinto. Y a eso, hay que sumar un eventual tratamiento en el Senado donde se deberían repetir las mismas mayorías. 

La comisión no se reunió ni una sola vez en todo el año, como es de costumbre. Sus últimos antecedentes se remontan a los casos de Amado Boudou y del fallecido miembro de la Corte, Carlos Fayth, ambos durante el final del último gobierno del kirchnerismo. Desde entonces, ha sido una comisión testimonial manejada por los oficialismo.