El gobierno de Javier Milei propuso a través de la Ley Ómnibus eliminar la denominada Zona Fría, una acción que, de concretarse, provocaría un aumento considerable en la factura de gas en más de un millón de hogares bonaerenses. Se trata, en concreto, de un golpe durísimo para el bolsillo de los habitantes de unos 90 municipios de la Provincia que sufrirán un encarecimiento de entre un 30 y un 50 por ciento en sus tarifas.

La noticia encendió las alarmas de las casas de gobierno municipales y provocó la reacción de los jefes comunales, quienes sin importar color político salieron al cruce de la Nación ante la posibilidad de que los beneficios adquiridos dos años atrás sean eliminados como parte de la ley de bases presentada por el ejecutivo.

La bronca es grande. Y no es para menos. Sucede que, en la nueva versión de la Ley ómnibus, el Ejecutivo señala explícitamente que derogará la Ley 27.637 de ampliación de la Zona Fría que beneficiaba a más de 1.240.000 hogares en el territorio bonaerense y alrededor de 4 millones en todo el país.

El Mega DNU especifica en su artículo 177 que se definirá una canasta básica energética y se aplicará un nuevo esquema de subsidios segmentados, tomando en cuenta el nivel de ingresos. De esta manera, quedarán afuera de los actuales descuentos por Zona Fría todos los hogares.

Es por esto que los jefe comunales salieron a dejar en claro su descontento. Uno de los primeros en hacerlo fue Pablo Garate, a cargo de Tres Arroyos, municipio ubicado en la sexta sección electoral, donde se encuentran las playas de Reta, Orense y Claromecó. En ese marco, el jefe comunal le hizo llegar una carta a todos los legisladores que representan a la Provincia, donde advirtió que la normativa “no es un privilegio, no genera déficit fiscal, no se usan recursos del Presupuesto Nacional ni fondos provinciales. En las manos de cada legislador está el día a día de los vecinos del interior”. 

Y alertó que si se lleva adelante esta acción "conllevaría un golpe muy duro a la economía familiar de los tresarroyenses, de la zona y de todo el interior. Una familia que hoy paga 15 mil pesos, sumando ajuste de tarifas, podría llegar a pagar en invierno facturas de un millón de pesos”, alertó el dirigente del Frente Renovador.

También desde la Costa Atlántica, el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera (Unión por la Patria), manifestó en diálogo con Data Clave que “nos va a afectar sobremanera. Ya tuvimos una experiencia con Macri y Vidal, cuando los que más sufrieron fueron los barrios populares. Donde había un medidor de gas pasó a haber una garrafa. Los trabajadores ya están en una situación crítica y este tarifazo los pone en una situación compleja. Las políticas de gobierno están dirigidas a las grandes corporaciones".

Y alertó sobre la situación en el turismo. “Esperemos que no se lleve adelante porque causaría un daño tremendo en toda la Costa Atlántica y aumentaría los costos de la producción y el turismo. Estamos hablando de aumentos que son siderales e impagables y acá Milei no va a venir a poner la cara”.

Pero no solo causó rechazo en el oficialismo y le apuntó al gobierno nacional. Guillermo Montenegro, a cargo de Mar del Plata, sostuvo que “soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA”.

Y añadió: “Es importante que entendamos que no es un capricho ni una cuestión de beneficios por que sí: es una manera de hacer que las zonas geográficas en las que es 100% necesario usar más calefacción debido a las bajas temperaturas puedan hacerlo. El gas es vital para los hogares y nadie puede negar que no es lo mismo calefaccionarse en Mar del Plata que en Capital Federal o el conurbano”.

En la misma línea, Sebastián Ianantuony, a cargo de General Alvarado, le dijo a Data Clave que “el impacto va a ser terrible. Sobre todo para los economías del interior. No tenemos el poder adquisitivo promedio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a detrimento de la mayoría de las familias alvadarenses”.

Y cerró: "Son decisiones que se toman desde Capital Federal y no tienen en cuenta al interior del país. En el caso de los promedios y considerando las realidades de la General Paz para adentro refleja un gran desconocimiento. Un país no se puede administrar desde el lugar más rico. Hay que tener en cuenta las condiciones de todo el territorio. La gente va a tener que elegir entre comer, pagar el gas o comprar medicamentos".