Se cumplió un año de la detención de Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, en República Dominicana. Desde ese momento se encuentra tras las rejas en la cárcel de Bouwer, Córdoba, acusado por estafa y asociación ilícita. 

En los últimos 12 meses se iniciaron varias causas en todo el país, tal como sucedió en la justicia de Corrientes. Damnificados de la ciudad de Goya denunciaron haber invertido dinero -pesos y dólares- bajo la promesa de conseguir ganancias que nunca obtuvieron y ni siquiera recuperaron el capital aportado.

Este expediente entró en un “laberinto judicial” por un conflicto de competencia, justo cuando Cositorto estaba a un paso del banquillo de los acusados, y ahora esta causa podría finalmente destrabarse.

Todo comenzó cuando el juez Carlos Balestra declaró la incompetencia del Juzgado de Garantías de Goya a petición del fiscal y ordenó remitir la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, a cargo de Ariel Lijo. Esta decisión se dio tras la ampliación de las imputaciones, concretamente, por el supuesto delito de lavado de activos agravado de competencia federal.  

Para Balestra, los cuatro imputados -entre los que se encuentra Cositorto- conformarían una asociación ilícita que actuaría en distintos puntos del país mediante la constitución de sociedades destinadas a cometer estafas, y que aquélla se desarrollaría en el marco de un “accionar delictivo complejo en el que se integraría el supuesto delito de lavado de activos”.

Sin embargo, el juez federal Lijo rechazó la competencia para intervenir en la causa y remitió nuevamente las actuaciones al juzgado correntino. Ambas investigaciones se encuentran en estadios completamente diferentes y esta estrategia judicial beneficia a Cositorto.

Pero los damnificados ven una luz de esperanza: el procurador interino, Eduardo Casal, opinó a favor de que la justicia correntina continúe con la investigación, “sin perjuicio de lo que pudiera resultar del trámite posterior, incluso en orden a la determinación de algún delito federal concreto”.

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“(…) los escasos elementos agregados al incidente no permiten conocer con el grado de certeza que esta etapa exige el verdadero alcance de los hechos a investigar y el modo en que habrían ocurrido, lo que impide realizar una correcta evaluación jurídica y, consecuentemente, la materia de la que se trata en la causa”, dijo Casal en el documento al que accedió Data Clave.

El dictamen no es vinculante y partir de ahora, los jueces de la Corte tendrán que resolver el tema. El máximo tribunal no tiene plazos, pero los ahorristas aún confían en recuperar todo -o al menos una parte- del dinero invertido.