“Los asesinatos de mujeres se redujeron más de un 10% durante este año.” La afirmación la hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque nunca detalló de dónde salió esa información. Si a eso se le suma el desmantelamiento que llevó adelante la gestión de Javier Milei en todas las áreas que llevaban adelante programas para combatir la violencia hacia mujeres y diversidades, el panorama es aún más desalentador.

Según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, hasta noviembre de 2024 se registraron 227 femicidios, lo que equivale a un asesinato de una mujer cada 35 horas. Además, se contabilizaron 22 femicidios vinculados.

Desde que asumió Milei, las políticas de género se han visto fuertemente afectadas. Una de las primeras medidas fue la disolución del Ministerio de la Mujer, cuyas funciones pasaron a una subsecretaría con menor presupuesto y alcance. Este cambio provocó la eliminación de programas destinados a prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas y garantizar la igualdad de oportunidades.

En junio, el gobierno decidió cerrar la Subsecretaría contra la Violencia de Género, una medida que desató el repudio de organizaciones de derechos humanos. A esta decisión se sumó la suspensión de programas como el Plan Acompañar, que brindaba apoyo económico y psicológico a mujeres víctimas de violencia, y el recorte de subsidios para refugios y líneas de atención.

En mayo, la Ley Micaela, que obligaba a funcionarios públicos a capacitarse en género, quedó relegada tras la eliminación de los fondos destinados a su implementación. Esta decisión generó preocupación entre especialistas, que advirtieron sobre el impacto negativo en la prevención de la violencia institucional.

Organizaciones feministas también denunciaron que el desfinanciamiento de políticas públicas deja en una situación de vulnerabilidad a miles de mujeres. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres, concentrando el 60% de los femicidios registrados este año.

En términos internacionales, Argentina ha retrocedido en los compromisos asumidos frente a organismos como la ONU y la OEA. Ambos organismos han solicitado informes sobre la reducción de recursos y el impacto de las medidas tomadas por el gobierno en los derechos de las mujeres y diversidades.

Mientras tanto, el debate continúa. Los sectores críticos del oficialismo destacan la necesidad de fortalecer las políticas de género, no solo como una respuesta a las alarmantes estadísticas de violencia, sino como una herramienta clave para garantizar la igualdad de derechos.

En lo que va de 2024, los femicidios han dejado a más de 200 niños y niñas sin madre, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Estas cifras subrayan la importancia de un compromiso estatal para abordar esta problemática, que sigue afectando a miles de familias en todo el país.